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Los comerciantes en contra de la nueva Ley de Comercio rusa

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Desde el 1 de febrero en Rusia entra en vigor la nueva Ley del Comercio que reglamenta las relaciones entre propietarios de redes de comercio y suministradores. El proceso estará controlado por el Servicio Federal Antimonopolio (SFA).
Los comerciantes en contra de la nueva Ley de Comercio rusa

Desde el 1 de febrero en Rusia entra en vigor la nueva Ley del Comercio que reglamenta las relaciones entre propietarios de redes de comercio y suministradores. El proceso estará controlado por el Servicio Federal Antimonopolio (SFA).

Las redes comerciales tendrán 180 días para revisar y modificar sus contratos de suministros. Según la nueva ley, los minoristas no pueden recaudar bonificaciones a excepción de gratificación por el volumen de productos, pero de no más de un 10%.

Si antes los detallistas demandaban un pago adicional por vender la mercancía a través de su red, ahora esta práctica estará prohibida. Efectivamente, de este modo se pretende que las tiendas dejen de discriminar a los pequeños agricultores que podrán así tener acceso al mercado.

El Servicio Federal Antimonopolio aclaró que las empresas de comercio no pueden imponer servicios de promoción, logística o similares a los proveedores. La violación de la regulación conllevará multas desde 1.000 hasta 1.700  dólares para personas físicas y de 23.000 hasta 33.000 dólares para personas jurídicas.

Muchos copropietarios de redes de comercio consideran la ley como "una derrota" que impone no sólo resticciones en las relaciones con sus proveedores, sino la prohibición de ampliar actividades comerciales y abrir nuevos establecimientos. En otras palabras, cada red va a tener un límite de circulación de mercancías en una determinada región de no más del 25% de todo el volumen de venta de la zona.

Los analistas destacan que el consumidor va a sufrir, porque la subida de precios dependerá de los proveedores que tendrán que tomar conciencia de la situación y bajar el precio de coste.

Pero un juego justo no es posible: los minoristas forzarán a los proveedores a venderles productos a precios reducidos y estos últimos se arruinarán o suministrará artículos de mala calidad o más baratos.

No obstante, el Servicio Federal Antimonopolio no comparte esos temores y va a realizar todo lo estipuldado por la ley.

 

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