La ex primera ministra de Corea del Sur, arrestada por soborno
La Fiscalía de Corea del Sur detuvo a la ex primera ministra, Han Myeong-sook, que está bajo la sospecha de haber aceptado un soborno de 50.000 dólares.
La funcionaria es acusada de recibir dinero de Kwak Young-wook, ex director ejecutivo de la compañía Korea Express, tras ocupar el puesto de primera ministra en 2006. El emprendedor coreano entregó a Han un “regalo” para ser nombrado como presidente de esta empresa. En cuanto a Kwak, arrestado poco antes, también es sospechoso de soborno.
Han Myeong-sook encabezó el Gobierno de Corea del Sur desde abril de 2006 hasta marzo de 2007. Fue la primera mujer que ocupó un puesto tan importante. Hasta hace poco trabajaba como alta consejera de la principal fuerza de la oposición coreana, el Partido Democrático.
Últimamente, escándalos similares estremecen al país. El ex presidente coreano, Roh Moo-Hyun, reconoció su culpabilidad por tomar dádivas de 5 millones de dólares un mes antes de su muerte, en mayo. Anteriormente, una pariente de la Primera Dama de la república, Kim Yun Ok, fue condenada a tres años de prisión por un soborno de2,2 millones de dólares.
En Rusia también se hacen más frecuentes los casos de revelación de los empleados oficiales corrompidos. Asimismo, un importante funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Gúsev, fue arrestado hace unos meses por un cohecho de 200.000 rublos (más de 6.500 dólares). Según los datos de la policía, Gúsev, quien fue responsable del programa estatal Los días de Rusia en América Latina, exigió el soborno de uno de los subcontratistas, organizadores de los seminarios para este programa.
Por su parte, el colaborador del Ministerio de Defensa, Pável Smirnov, fue cazado tomando 1,2 millones de rublos (casi 40.000 dólares). Quería recibir este dinero de una empresa a cambio de arreglarles sus problemas con la Agencia Espacial rusa.
Según un reciente informe del Ministerio del Interior del país, se promovieron acciones penales por corrupción contra 9 jefes de las instituciones estatales, 13 funcionarios de las administraciones regionales, 3 representantes de legislatura y 7 dirigentes de localidades desde principios de 2009.