Los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se someten a una prueba de ADN
Los hijos adoptivos de la dueña del gran grupo mediático argentino Clarín se sometieron a pruebas de patrón genético (ADN) con el objetivo de determinar si son descendientes de los desaparecidos durante la dictadura de los años 1976–1983.
Marcela y Felipe Noble Herrera, ambos de 33 años de edad, fueron adoptados en 1976 por la más poderosa empresaria de la prensa argentina, Ernestina Herrera de Noble. Están envueltos en una disputa judicial después de que dos familias de desaparecidos, con el apoyo de la entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, aseguraron que serían parientes suyos y que ambos jóvenes son en realidad hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres en el régimen militar.
En el caso de Marcela, las familias quieren saber si sería la hija de Bárbara Miranda y Roberto Lanuscou, militantes de la guerrilla caídos en un tiroteo el 4 de septiembre de 1976, y en el caso de Felipe, intentan establecer si se trataría del hijo de María del Carmen Gualdero, secuestrada el 8 de junio de 1976 cuando estaba embarazada de nueve meses.
Por su parte, Ernestina Herrera de Noble siempre ha proclamado su inocencia y sostuvo que ella adoptó a las criaturas de buena fe. La empresaria negó cualquier tipo de vinculación con la práctica de los militares de la dictadura que arrancaban los hijos a las víctimas de la represión ilegal.
El abogado de la familia Noble Herrera, Jorge Anzorreguy, afirmó que el examen “se realizó correctamente” en el Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires y señaló que responde a una decisión de la Cámara de Casación, una de las más altas instancias judiciales. Mientras tanto, Abuelas de Plaza de Mayo calificó estas pruebas de ADN como “ilegales” porque los exámenes debieron realizarse en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina.
El Congreso argentino aprobó en noviembre pasado una ley que permite que ante una sospecha de que alguien pueda ser hijo de un desaparecido, la justicia debe exigir la obtención de muestras de ADN para comprobarlo, sea voluntaria o compulsivamente.