EE. UU. suspende las sanciones a las compañías que negocian con Cuba
Barack Obama ha vuelto a congelar por medio año la aplicación de un título de la polémica Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que permitía la prosecución de las compañías extranjeras que negocien con propiedades confiscadas a estadounidenses por el Gobierno de Cuba.
“He tomado una decisión y comunico al Congreso que suspendo la aplicación de la Ley -sobre las sanciones- por 6 meses a partir del 1 de febrero de 2010 en interés nacional de los Estados Unidos y para acelerar la difusión de la democracia en Cuba”, se dice en la carta del presidente Obama dirigida el 15 de enero a los presidentes de las dos cámaras del poder legislátivo estadounidense y a los jefes de los comités del Congreso.
El 1 de agosto de 2009 las autoridades norteamericanas ya habían suspendido dicha ley para el mismo plazo de 6 meses.
Los EE .UU. tomaron las represalias contra el régimen cubano en 1961 después del fiasco en la operación de “destronamiento” de Fidel Castro. En el año 1996 el Congreso adoptó y puso en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. La Ley Helms-Burton establece que cualquier compañía extranjera que tiene tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales.
Los antecesores de Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, también imponían resticciones parecidas en dicha materia.
La comunidad internacional considera “ilegal” el embargo americano a Cuba, particularmente porque los Estados Unidos intentan de ese modo imponer sus propias leyes a terceros países que tienen relaciones comerciales, económicas y financieras con el país. La Asamblea General de la ONU lleva adoptando resoluciones en dicha materia desde 1992. En los documentos de la Organización se señala que las sanciones americanas contradicen la Carta de Naciones Unidas, infringen las normas del derecho internacional al igual que afectan negativamente tanto la economía isleña como a los derechos de la población de la nación.
Las autoridades de La Habana consideran el embargo que mantiene La Casa Blanca como un acto de genocidio del pueblo cubano.