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Acusan a los cuerpos de seguridad en Cataluña de proteger a las mafias del narcotráfico de Barcelona

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La Policía Nacional de España ha remitido a un tribunal de Barcelona un informe sobre los vínculos de casi todos los agentes que operan en Cataluña con el principal narcotraficante del puerto de la Ciudad Condal. La Policía busca reabrir la investigación contra los agentes supuestamente protectores del narcotráfico y denuncia los trastornos que impedieron la investigación anterior, el llamado caso Macedonia.
Acusan a los cuerpos de seguridad en Cataluña de proteger a las mafias del narcotráfico de Barcelona

La Policía Nacional de España quiere reabrir una investigación del caso Macedonia, en la que están implicadas casi todas las fuerzas de seguridad que operan en Cataluña: los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d'Esquadra (policía autonómica de la Generalidad de Cataluña) además de policías nacionales y guardias civiles que operan en la comunidad autónoma. Según un informe dirigido por la Policía Nacional a un tribunal civil de Barcelona, dichos cuerpos de seguridad pueden estar vinculados con el principal narcotraficante de la capital catalana, Manuel Gutiérrez Carbajo, y estar impidiendo el proceso judicial contra este, informa 'El Confidencial'.

El caso se inició en 2009 cuando al errar una operación antidroga en el centro de Barcelona, en el marco de la cual un presunto narcotraficante del grupo mafioso de Gutiérrez Carbajo recogió 54 kilógramos de cocaína y otras drogas sin saber que se encontraba bajo la vigilancia de agentes y resultó detenido. Después de que la operación concluyera se supo que solo un kilogramo de la supuestas droga era en realidad cocaína: lo demás era azúcar y yeso.

A partir de ese momento la sospecha planeó sobre los agentes de varios cuerpos de seguridad catalanes y nacionales por haber impedido deliberadamente el éxito de la operación con objeto de proteger al narcotraficante, por un lado, y abortar la investigación del caso, por otro. Varios agentes fueron investigados y procesados, pero finalmente todos –salvo seis agentes de la policía autonómica catalana que siguen en esta situación– resultaron absueltos.

Ahora el nuevo informe de 200 páginas preparado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía les acusa de ocultar los contactos personales y telefónicos que los agentes mantuvieron con el narcotraficante, así como acudir a la ayuda política de Jordi Casas, senador del partido político catalán Convergència i Unió, y al auxilio económico de un empresario, Francisco B., anteriormente también investigado por narcotráfico.

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