Colombia prepara medidas draconianas para combatir la minería de oro ilegal

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las guerrillas. El Gobierno estimó en unos 2.450 millones de dólares estadounidenses las recaudaciones anuales de distintas agrupaciones que no pagan impuestos.

Esta es una de las razones por las que las autoridades colombianas están dispuestas a aplicar medidas draconianas a quienes se dediquen a esta práctica. Se trata de penas de hasta 20 años de cárcel por el delito de extraer ilegalmente el metal precioso.

A finales de abril del año 2014 un desprendimiento de tierra en la mina ilegal de oro situada en Vereda San Antonio (municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, oeste de Colombia) dejó 12 muertos. Las autoridades declararon su intención de cerrar el negocio. Sin embargo, el reportero de RT Bricio Segovia ha descubierto que casi un año y medio después de la tragedia se sigue trabajando en la mina afectada.

Según le explicaron ante una cámara oculta los buscadores de oro en San Antonio, el sistema de pago en la cantera es bastante equitativo. El valor del metal lavado se reparte a diario entre todas las personas que hayan estado trabajando "a partes iguales".

El método de extracción tradicional de oro que practican en la zona está permitido por la ley. El problema es que los grupos involucrados en esta minería 'popular' no piden los permisos necesarios a las autoridades y acaban trabajando para grupos delictivos. Además, los indígenas colombianos se han quejado en múltiples ocasiones que esta actividad les causa molestias.