Crece en EE. UU. el sentimiento contra los inmigrantes

(EFE). Casi dos terceras partes del electorado estadounidense está a favor de normas como la Ley Arizona, que criminaliza la inmigración, y la tendencia es hacia un predominio de esas fuerzas, afirmó el relator para los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, Jorge Bustamante.

“Esto tiene la oposición de grupos como el del voto latino, pero en el contexto político general de Estados Unidos está predominando la posición anti inmigrante”, dijo en entrevista con EFE el experto mexicano, que mañana tiene previsto hablar sobre la Ley Arizona y su potencial discriminatorio en la Casa de América de Madrid.

Lo hará en el marco del festival VIV América, un foro internacional de intercambio de ideas sobre los temas más acuciantes de la actualidad social, al que acuden expertos de Iberoamérica y Estados Unidos.

La polémica Ley de Inmigración de Arizona, también conocida como SB1070, entró en vigor el pasado 29 de julio, aunque sin parte de sus postulados originales más agresivos contra los inmigrantes, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo.

Entre otras cosas, se retiró la cláusula que obligaba a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de cualquier detenido y la obligación de llevar siempre encima sus 'papeles' para los inmigrantes.

No obstante, Bolton dejó en pie la cláusula que convierte en delito de menor entidad el dar albergue y transporte a los indocumentados.

En EE. UU. viven unos 12 millones de indocumentados. De ellos, entre 400.000 y 530.000 se encuentran en Arizona. Allí, casi un 89 por ciento de la población hispana es además de origen mexicano (1,8 millones de personas).

Bustamante explicó que “la tendencia es hacia un predominio de las fuerzas anti inmigrantes, en EE. UU. sobre todo”, aunque a este lado del Atlántico la situación no sea mejor.

“Siento que hay una tendencia desafortunada hacia una orientación como la directiva de retorno del Parlamento Europeo. Esto ha sido apoyado por el Gobierno español y creo que es desafortunado y contrario a la sensibilidad que ha mostrado el pueblo español en favor de los inmigrantes”, reiteró.

El relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes desde 2005 fue también especialmente crítico con el presidente de EE. UU., Barack Obama: “Obama se comprometió a que dentro de su primer año de mandato habría una propuesta de su parte ante el Congreso de EE. UU. para una política de inmigración y esto no ha ocurrido”, refirió Bustamante.

Según el experto, esta pasividad “ha sido un motivo de reclamo por parte de la totalidad de los grupos que representan al voto latino” en el país. Estos grupos “están en contra de la Ley de Arizona y están en contra de los políticos republicanos que defienden este tipo de normas, entre ellos la actual gobernadora de ese Estado, Jan Brewer”, agregó.

No obstante, reconoció que el voto latino, “aunque será un factor importante, no será decisivo”, en los próximos comicios, en los que reconoce que la Ley Arizona participará como un factor electoral. Las elecciones de noviembre pondrán en juego la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y treinta gobiernos estatales.

“En EE. UU. hay una creciente participación de los grupos de origen mexicano en la búsqueda de una solución de carácter bilateral (con los países donde se origina el flujo migratorio) que corresponde a la protección de los Derechos Humanos de los migrantes”, resaltó Bustamante.

Sin embargo, a pesar de que “la ONU ha establecido principios orientados a que la solución de las cuestiones relacionadas con la emigración internacional se resuelvan a partir de negociaciones bilaterales o multilaterales”, en EE. UU. “no se está siguiendo este principio".

EE. UU. “ha mantenido la posición de que las cuestiones relacionadas con la emigración son de carácter interno”, de ahí que cualquier “injerencia” externa en forma de petición para retirar ésta u otras leyes tenga “nulas posibilidades” de salir adelante, agregó.

Y ello a pesar de que la Ley Arizona “está en una contradicción muy evidente con la Constitución de EE. UU., que prohíbe a las autoridades estatales y locales emitir reglas en relación con la emigración, que es una materia reservada de manera exclusiva a las autoridades del Gobierno Federal".