Defensores sin defensa: el quehacer de los abogados en Georgia

En Georgia, los abogados denuncian la discriminación de su Gobierno cuando se niegan a cooperar con sus propósitos, acabando con frecuencia en prisión.

Mamuka Nozadze, abogado y ex preso, contó a RT: “cuando no me puse de acuerdo con ellos, encontraron a una persona detenida por robar un celular y lo enviaron a mi oficina para que yo fuera su abogado. Luego la parte acusatoria le propuso elegir entre ir a la cárcel o dar testimonios falsos ante la Corte, alegando que me había pagado 170 dólares por una consulta y que yo lo había engañado.” Resultado de un proceso plagado de irregularidades, Mamuka pasó casi tres años en prisión.

Su caso no es el único en Georgia, como constatan varios expertos. Muchos están seguros de que el poder judicial en este país caucásico no es independiente y está completamente sometido al dictado gubernamental.

Eka Beselia, activista de la organización de defensa de derechos humanos Solidaridad con los Presos Ilegales, comenta: “Saakashvili y sus fiscales tratan de presionar a la defensa y, cuando fracasan, detienen o discriminan a los que rechazaron cooperar. A los detenidos los persuaden diciendo que recibirán una sentencia más dura si contratan los servicios de ciertos abogados.”

Mientras tanto, las autoridades judiciales, en la persona de Konstantín Kublashvili, presidente de la corte suprema de Georgia, niegan todas las acusaciones y aducen datos estadísticos.

“En el 2010 fueron presentados un 42% más de casos que el año anterior. Esta cifra, de manera directa e indirecta, indica que aumenta la confianza de la población en el sistema judicial. Además, el año pasado muy pocos casos se apelaron ante la Corte Suprema, un 11% de los juicios civiles y un 14% de los procesos penales. Eso significa que nuestro sistema judicial es muy profesional e imparcial”, manifestó Kublashvili.

Sin embargo, hay también otras cifras. Hasta la fecha unos 200 letrados cumplen sentencia en prisión o están en espera de un juicio en el banquillo de los acusados, en su mayor parte por supuestos casos de fraude. En un país donde las autoridades y no las leyes prevalecen en los procesos judiciales, la población puede quedar indefensa ante los atropellos del gobierno.