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La Junta militar disuelve el Parlamento egipcio y suspende la Constitución

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El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto tomó la decisión de disolver el Parlamento, suspender la Constitución del país y asumir las tareas legislativas para el período de transición hacia un poder civil, es decir que mantendrán el Gobierno por un periodo supuesto de seis meses, hasta

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto tomó la decisión de disolver el Parlamento, suspender la Constitución del país y asumir las tareas legislativas para el período de transición hacia un poder civil, es decir que mantendrán el Gobierno por un periodo supuesto de seis meses, hasta las elecciones generales.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado del Consejo, difundido por la televisión estatal. La cúpula militar no confirmó las fechas concretas sobre la finalización del período de transición e informó que se extenderá por seis meses “o cuando se completen las elecciones parlamentarias y presidenciales”.

Así, la conformada Junta militar no solo asumirá las principales funciones del Estado durante el periodo comprendido hasta dar paso a la llegada de la democracia, sino que también asumió representar a Egipto en el exterior y se comprometió a respetar todos los acuerdos internacionales previos. Además, los militares anunciaron que será formado un comité especial para proponer enmiendas en algunos artículos de la Carta Magna y someter esas reformas a un referéndum popular.

Mientras tanto, la nación se está recuperando paulatinamente tras la oleada de manifestaciones. Sin embargo, en la plaza Tahrir aún quedan decenas de manifestantes, cuya demanda principal es la suspensión de la Ley de Emergencia que está en vigor desde el año 1981. Los militares ya lo prometieron, pero sin dar fechas concretas.

Este pasado 11 de febrero el presidente del país, Hosni Mubarak, dejó su cargo tras 18 días en los que todo el territorio nacional vivió sumergido en manifestaciones, protestas y disturbios. Tras la renuncia  de Mubarak se encargó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas administrar los asuntos estatales. En las protestas callejeras y enfrentamientos entre opositores y fuerzas del orden fallecieron más de 300 ciudadanos.

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