Una corte hondureña anula los procesos por supuesta corrupción contra Manuel Zelaya
La anulación de los procesos por presunta corrupción del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, allana el camino para su eventual regreso a Honduras y de ese país, a la Organización de Estados Americanos (OEA), informa la agencia EFE.
Una Corte de Apelaciones anuló este lunes los dos procesos contra Zelaya abiertos por el Ministerio Público, que presentará un recurso de reposición ante el fallo, que se refiere a cuestiones “de forma y no de fondo”, dijo el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.
Salgado reafirmó que la posición de la Fiscalía siempre ha sido "clara y contundente en el sentido de que Zelaya tiene que ser enjuiciado" y aclaró que todavía "no hay un sobreseimiento definitivo" a favor del expresidente.
Según el fallo, se trata de "una nulidad procesal", basada en la "indefensión de Zelaya desde la etapa preparatoria, pues se le imposibilitó al imputado acceder ante los organismos investigativos y jurisdiccionales a ejercer el derecho de defensa porque se encontraba fuera del país de manera involuntaria".
Estas violaciones no se pueden subsanar con el nombramiento posterior de defensores públicos, añadió.
Zelaya, que actualmente reside en la República Dominicana, fue derrocado y expulsado del país por los militares en junio del 2009, tras lo cual el Ministerio Público le inició los procesos.
La resolución establece que sólo se anularon los procesos de Zelaya y quedan "subsistentes las diligencias concernientes a las causas promovidas contra los co-imputados", que son varios exfuncionarios de su administración.
El Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, y sectores de la comunidad internacional han insistido en la anulación de los procesos para que Zelaya pueda volver a Honduras y, a la vez, la OEA readmita a ese país.
Sin embargo, el 25 de marzo pasado, cuando el juez natural Oscar Chinchilla anuló las dos órdenes de captura derivadas de los procesos en su contra, Zelaya aseguró que no regresaba a Honduras porque ha recibido "amenazas de muerte".
El Gobierno de Lobo recibió con complacencia el fallo porque es importante para que la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio próximo en El Salvador, reincorpore a Honduras, declaró a la radio HRN de Tegucigalpa el canciller Mario Canahuati.
La posición del Gobierno, añadió, es "simplemente de respeto a una decisión emanada por un poder totalmente independiente" y que "coincide" con una petición en ese mismo sentido de Lobo.
También el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, indicó que el fallo no obedeció a presiones políticas locales ni de la comunidad internacional.
La Fiscalía contra la Corrupción acusó a Zelaya y varios de sus exfuncionarios por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el día en que fue derrocado con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.