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EE. UU. auditará a empresas que puedan emplear trabajadores ilegales

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El Gobierno de Estados Unidos exige a unas mil compañías que presenten sus registros de empleo para una inspección. La medida es parte de la campaña estatal contra la inmigración ilegal, según informaron fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El Gobierno de Estados Unidos exige a unas mil compañías que presenten sus registros de empleo para una inspección. La medida es parte de la campaña estatal contra la inmigración ilegal, según informaron fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La auditoría, cuyos resultados serán publicados en los próximos días, es según DHS la operación de mayor escala desde 2009, año cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una inspección masiva a empresas de seguridad, tanto privadas como estatales.

El pasado mes de enero el ICE estableció un centro coordinador para el cumplimiento de las normas laborales entre distintos estados del país en lugar de tener agentes para investigar solo casos aislados. Los funcionarios del Servicio de Inmigración visitarán a las compañías próximamente para avisarles sobre los nuevos requerimientos estatales. Los documentos solicitados incluyen los formularios I-9, usados para identificar a los empleados y comprobar si están habilitados para trabajar en EE. UU.

Según apunta The Wall Street Journal, la nueva gran ofensiva empieza en un momento en que los legisladores, tanto demócratas como republicanos, abogan por endurecer las medidas antimigratorias hasta obligar a todas las empresas del país a hacer uso de la base de datos electrónica del Gobierno para verificar si los empleados que se contraten son trabajadores legales. Hasta el momento solo las compañías estatales están obligadas por ley a usar este programa llamado E-Verify (Verificación Electrónica).

El endurecimiento de las acciones antimigratorias permitirá que, tanto republicanos como demócratas, sostengan que se están tomando medidas, incluso en ausencia de nuevas leyes importantes al respecto. Además, ambos bandos pueden presentar esto como un intento para proteger a los trabajadores nativos de la competencia laboral por parte de inmigrantes indocumentados, competencia "injusta" en la actual escasez de puestos laborales.

Se espera que el ICE no nombre a las empresas sujetas a la auditoría, aunque podría indicar los sectores en las que operan. Se considera que los sectores agrario y alimenticio son las más vulnerables a dichas medidas, puesto que históricamente dependen mucho de mano de obra poco calificada.
 

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