El congreso colombiano aprueba la ley de reparación de las víctimas del conflicto interno
El Congreso de Colombia aprobó la histórica Ley de Víctimas, una norma trascendental que prevé la reparación a las víctimas y la restitución de tierras a los afectados por el conflicto armado interno desatado hace casi 50 años.
El documento fue aprobado por 62 votos a favor y 3 en contra y ahora sólo le queda la sanción del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que entre en vigor. Según dijo el coordinador ponente de la norma, Juan Fernando Cristo, “es la ley más importante que ha aprobado el Congreso de la República desde hace muchas décadas”. El presidente Santos en un mensaje en Twitter calificó la aprobación de la ley como “un hecho histórico para Colombia”.
Antes de ver la luz verde, la ley pasó por numerosos debates. Así, los seguidores del anterior mandatario, Álvaro Uribe, opinan que al reconocer la existencia de un conflicto interno se equiparaba a los guerrilleros y paramilitares con las fuerzas de seguridad colombianas. La versión final de la norma no otorga el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni a ningún otro grupo armado ilegal.
La ley, que tendrá una vigencia de 10 años, reconoce como víctimas a todos aquellos que hayan sufrido una agresión desde enero de 1985 por la guerrilla, los paramilitares o por miembros del cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas de hechos anteriores a esta fecha accederán a una reparación simbólica y a la garantía de no repetición. La norma también incluye la restitución de tierras de los que sufrieron desalojo forzoso desde el 1 de enero de 1991.
En el documento se establecen medidas especiales de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios derivados del conflicto armado. Además, se prevé la entrega de ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras un acto violento. Según la estadística oficial, más de 450.000 familias fueron desalojadas de cerca de dos millones de hectáreas por los enfrentamientos dentro del país.