Los latinos en EE. UU., contra la extensión del E-Verify a nivel nacional
Los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos están contra la extensión a nivel nacional del programa federal de identificación E-Verify, ya que es poco efectiva y criminaliza a los inmigrantes, según declaró el congresista demócrata del estado de Illinois Luis Gutiérrez.
El programa, vigente desde al año 1997, permite a los empresarios comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de Internet y a partir de las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración del Seguro Social. Algunos estados sureños como Alabama, Georgia y Tennessee ya aprobaron leyes que convierten el E-Verify en obligatorio en su territorio y actualmente los republicanos promueven la aplicación de ese programa a nivel nacional.
El proyecto de ley HR2164 para hacer obligatorio el E-Verify en todo el país fue introducido en el Congreso estadounidense por el republicano Lamar Smith este jueves. Aunque el documento recibió fuertes críticas por parte de los grupos proinmigrantes y de algunos legisladores, “existe el peligro de que los demócratas más conservadores apoyen la propuesta si esta llega al Senado”, opina Luis Gutiérrez.
Según la opinión de Ángela Sanbrano, presidenta de la Asociación Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), la norma intenta implantar “un sistema racista que permitiría legalizar el perfil racial contra los extranjeros”. La Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) dijo, por su parte, que en lugar de buscar soluciones a los problemas del sistema migratorio, Lamar Smith “impulsa una agenda radical que ataca a empresarios y trabajadores”.
Según los datos de la ICIRR, el programa E-Verify obligaría a 3,6 millones de trabajadores a perder días laborales para demostrar su legalidad. Otros 770.000 trabajadores perderían sus empleos por diferentes errores del programa. La coalición recuerda que en Arizona, donde el E-Verify es obligatorio desde 2008, la recaudación impositiva cayó el 13% el año pasado y aumentó la economía que se maneja con dinero en efectivo.