Leyes antiinmigrantes: "un regreso al pasado de racismo"
Las leyes antiinmigrantes que se aprueban o se discuten en distintos estados de EE. UU. no son más que un paso atrás hacia “el pasado de racismo” que vivió Alabama hace 50 años, según U.W. Clemon quien fue el primer magistrado negro en un tribunal federal.
A pesar de la severidad de las autoridades, los que entienden el impacto social y económico que tiene la ley HB56 de Alabama, continúan su lucha contra la persecución de inmigrantes indocumentados en ese estado que hace medio siglo ya fue escenario de actos violentos contra los afroamericanos.
El propio alcalde de Birmingham, la ciudad más grande de Alabama, William Bell, ha prometido luchar "para vencer esta injusticia".
Para U.W. Clemon, ahora ya jubilado, lo que los negros vivieron en los años 60 y lo que ahora afrontan los inmigrantes, tiene el mismo origen: “en el fondo se trata de segregar a una minoría”.
La polémica ley HB56, que entró en vigor en septiembre de 2011, criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados y le otorga poderes extraordinarios a la Policía local para que detenga a cualquiera cuyo estatus migratorio arroje dudas.
La campaña especial contra dicha ley fue lanzada en un lugar histórico, en la primera iglesia negra de Birmingham, donde en 1963 cuatro niñas murieron por la explosión de una bomba colocada por el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.
Problemas de derechos
En muchos casos tiene lugar una violación de “derechos civiles o humanos que no tienen nada que ver con el estatus migratorio”, sostiene Isabel Rubio, del Hispanic Interest Committee of Alabama.
Por ejemplo, existe un problema doble para los alumnos latinos de Alabama. Por un lado, muchas familias inmigrantes retiran a sus hijos de las clases temiendo que puedan ser deportados. Además, cada vez hay más alumnos que están sufriendo acoso y burlas en las escuelas solo por ser latinos.
Impacto económico
Los especialistas avisan de un éxodo masivo de los inmigrantes de Alabama ya que se niegan a vivir en un lugar donde se los rechaza. Entonces, el estado corre peligro de quedarse sin mano de obra en importantes sectores de la economía, sobre todo en el ámbito agrícola. Además, junto con los inmigrantes, el estado perdería también el dinero de los impuestos que abonan haciendo compras y pagando la renta.