En EE. UU. aumentan las detenciones por 'parecer' indocumentado
El ciudadano estadounidense Antonio Montejano permaneció detenido cinco días en inmigración de acuerdo a lo estipulado en el programa Comunidades Seguras. Un perfume que no pagó fue el motivo de su arresto, a pesar de que ofreció amortizar la mercancía. Cuando llegó a la cárcel, le tomaron sus huellas digitales y le ordenaron abandonar el país.
"Yo les dije que era ciudadano estadounidense y nadie me quiso creer, pienso que por mi color de piel”, dice Antonio. Dos días durmió en una cama de cemento, sin colchón ni cobijas y luego fue transportado a un centro de detención de Inmigración y Aduanas y luego deportado a México.
Pero con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, organización que presentó el acta de su nacimiento original del deportado, Antonio volvió a casa tras dar una fuerte lucha burocrática. Después de lo ocurrido, el hijo de Antonio le pregunta: "¿Papá, esto me puede pasar a mí porque me veo como tú?"
Esta historia tuvo un final feliz, pero parece ser la excepción que confirma la regla de violaciones legales contra los derechos de muchos latinoamericanos inmigrantes: la mayoría al ser detenidos son separados de sus familias y expulsados del país.
Seguridad encima de todo
El programa Comunidades Seguras implementado por EE UU ha causado un alza en las detenciones contra aquellos que luzcan como indocumentados. En lo que va de año más de 111.400 indocumentados condenados por delitos fueron expulsados del país permanentemente.
El subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes celebró su primera audiencia para analizar el controvertido programa de seguridad. Y aunque el gobierno trató de defender la propuesta, las autoridades prometieron tomar en cuenta las recomendaciones presentadas por los defensores de derechos humanos.
El programa Comunidades Segura es la piedra angular de la estrategia de seguridad del país y estipula que las autoridades locales compartan con el gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados, con el fin de identificarlos para su deportación. Su objetivo principal es expulsar a aquellos que representan un peligro para la seguridad nacional o un riesgo a la seguridad pública. El gobierno estadounidense espera que para el 2013 el programa se adopte en todo el país, aunque por ahora se ha implementado en 44 estados.
Las intenciones de salvaguardar la seguridad en país son comprensibles, pero los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que el programa se presta para la discriminación racial, mina las relaciones de la policía con la comunidad inmigrante y ha atentado incluso contra ciudadanos estadounidenses. A veces la deportación se basa solo en infracciones de tránsito y delitos menores, por lo que los inmigrantes insisten en que este plan requiere urgentes reformas para evitar la violación de los derechos humanos y civiles de la población.
Datos de Comunidades Seguras indican que con el programa se identificaron a más de 58 mil de los 216 mil criminales deportados en el 2011 y se expulsó a 397 mil personas del país, la cifra más alta desde el inicio del gobierno de Barack Obama.