Sociedad
Servidumbre por contrato: empleadores de EE.UU. usan sistema de trata de personas
La trata de personas por porte de contratistas de EE.UU. no está bajo ninguna legislación, cuenta la periodista estadounidense Jessica Schulberg. Según afirma, quienes pagan por trabajar para EE.UU. en Afganistán o Irak, terminan siendo engañados.
En septiembre de 2012, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva afirmando una política de tolerancia de cero respecto a los contratistas del Estado que violaron las leyes de tráfico de personas, cuenta Jessica Schulberg en su artículo en New Republic. Puntualmente, el presidente indicó que los trabajadores en el sudeste asiático pagan por el trabajo a contratistas militares estadounidenses en Afganistán e Irak. Actualmente, las autoridades afganas están investigando la actividad de empresas privadas militares como Dyncorp, Fluor y Ecolog, luego de descubrir que miles de sus empleados debieron pagar para asegurarse sus puestos de trabajo en Afganistán.
Cobrar honorarios para ser contratado es la forma más corriente de la trata de personas, pero la menos castigada. "El hecho es que el 80 por ciento de la trata de personas corresponde al tráfico laboral y sólo el 20 al tráfico sexual", comenta Sam McCahon, un abogado estadounidense que ahora trabaja en India. Entonces, el tráfico laboral no debe considerarse un mal menor que el tráfico sexual. "¿Es realmente tan malo hacer pagar a un trabajador en India a cambio de un puesto laboral en el extranjero con salario más alto del que podía encontrar en su propio país?", pregunta la autora del artículo. Según Schulberg, el problema es que de ese modo se forma un sistema de servidumbre por contrato.
Los contratistas suelen engañar a los trabajadores respecto a su salario y la ubicación de sus puestos, prometiendo un buen puesto en un hotel de lujo en Jordania, cuando en realidad es en la base militar estadounidense, escribe la periodista.
La orden ejecutiva de Obama no fue el primer intento de solucionar este problema. Tres años antes, la prohibición de las tarifas de contratación se incorporó al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. En efecto, la práctica ha sido ilegal desde que se aprobó la ley de 1986. Pero ninguna de las legislaciones ha funcionado.
"El gobierno dice que tiene una política de tolerancia de cero y sin embargo hay bastantes acusaciones creíbles de que esta gente ha estado involucrada en el tráfico de personas y continúan ganando contratos", dice Steven Watt, abogado de derechos humanos. "Se trata de una situación única, en la que el gobierno de Estados Unidos utiliza dinero de los impuestos para financiar el tráfico de personas", comenta McCahon.
El abogado cita el caso del graduado universitario Ramesh, quien pagó 5000 dólares a un agente estadounidense que le prometió 800 dólares por mes por trabajar para un contratista de Estados Unidos en Irak. Sin embargo, en Irak le ofrecieron sólo 150 dólares. El muchacho aceptó el trabajo, ya que no tenía otras opciones. Posteriormente, el usurero violó a la hermana de Ramesh y el muchacho se suicidó al regresar a la India.
Cobrar honorarios para ser contratado es la forma más corriente de la trata de personas, pero la menos castigada. "El hecho es que el 80 por ciento de la trata de personas corresponde al tráfico laboral y sólo el 20 al tráfico sexual", comenta Sam McCahon, un abogado estadounidense que ahora trabaja en India. Entonces, el tráfico laboral no debe considerarse un mal menor que el tráfico sexual. "¿Es realmente tan malo hacer pagar a un trabajador en India a cambio de un puesto laboral en el extranjero con salario más alto del que podía encontrar en su propio país?", pregunta la autora del artículo. Según Schulberg, el problema es que de ese modo se forma un sistema de servidumbre por contrato.
Los contratistas suelen engañar a los trabajadores respecto a su salario y la ubicación de sus puestos, prometiendo un buen puesto en un hotel de lujo en Jordania, cuando en realidad es en la base militar estadounidense, escribe la periodista.
La orden ejecutiva de Obama no fue el primer intento de solucionar este problema. Tres años antes, la prohibición de las tarifas de contratación se incorporó al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. En efecto, la práctica ha sido ilegal desde que se aprobó la ley de 1986. Pero ninguna de las legislaciones ha funcionado.
"El gobierno dice que tiene una política de tolerancia de cero y sin embargo hay bastantes acusaciones creíbles de que esta gente ha estado involucrada en el tráfico de personas y continúan ganando contratos", dice Steven Watt, abogado de derechos humanos. "Se trata de una situación única, en la que el gobierno de Estados Unidos utiliza dinero de los impuestos para financiar el tráfico de personas", comenta McCahon.
El abogado cita el caso del graduado universitario Ramesh, quien pagó 5000 dólares a un agente estadounidense que le prometió 800 dólares por mes por trabajar para un contratista de Estados Unidos en Irak. Sin embargo, en Irak le ofrecieron sólo 150 dólares. El muchacho aceptó el trabajo, ya que no tenía otras opciones. Posteriormente, el usurero violó a la hermana de Ramesh y el muchacho se suicidó al regresar a la India.
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