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Álvaro Uribe, acosado por sus 'amistades peligrosas' con grupos paramilitares

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El grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia colaboró con el servicio de inteligencia del país durante la administración de Álvaro Uribe, según afirma el antiguo jefe de la organización armada.
Álvaro Uribe, acosado por sus 'amistades peligrosas' con grupos paramilitares

El grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia colaboró con el servicio de inteligencia del país durante la administración de Álvaro Uribe, según afirma el antiguo jefe de la organización armada.

En sus declaraciones desde la cárcel de Florida donde se encuentra recluido, el ex dirigente de los paramilitares afirma que el servicio secreto colombiano siempre ha sido muy cercano a las Autodefensas. También reveló haber recibido equipos para realizar escuchas ilegales que eran entregados a altos cargos del gobierno de Uribe.

El profesor Fernando Rojas Parra considera que el ex mandatario colombiano evita el tema para no responder por unas operaciones que son jurídicamente contradictorias.

El departamento Administrativo y de Seguridad es un departamento que depende directamente del presidente, y en este sentido el Presidente no quiere hablar sobre el tema porque estaría asumiendo la responsabilidad, no sólo política sino también jurídica, por una serie de prácticas del poder ejecutivo y del poder judicial”, recalcó.

“Durante el gobierno del presidente Uribe se dio una disputa política y mediática entre el presidente y las Cortes", recuerda Fernando Rojas, que cree que "el presidente trata con ese silencio de no darle herramientas ni elementos a la rama judicial para que pueda emprender una acción contra él”.

Recordamos que en octubre de 2010, organizaciones no gubernamentales españolas presentaron una querella contra el ex presidente colombiano y dos de los anteriores directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del país latinoamericano, acusándolos de espiar a opositores colombianos residentes en Europa. Exigen una condena de entre uno y cuatro años de prisión.

La denuncia ocurrió en paralelo a la investigación iniciada en 2009 por la Fiscalía General de Colombia que remite a "actividades ilegales" ejecutadas por el Grupo Especial de Inteligencia G-3, del mencionado Departamento, entre 2004 y 2005 contra defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y políticos de la oposición.

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