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Inmigrantes españoles protestan la reforma que "los condena a morir lentamente"

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En España las comunidades de inmigrantes llaman a movilizarse a la ciudadanía contra una reforma que supone la retirada de la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular.
Inmigrantes españoles protestan la reforma que "los condena a morir lentamente"

Se estima que con la nueva normativa más de 700.000 personas quedarán sin acceso a atención médica universal. Los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia cuando sufran un accidente y debido a otras situaciones especiales, como el embarazo.

La nueva ley sanitaria, que fue aprobada en abril pero que entró en vigor este sábado y con la que se espera ahorrar 7.000 millones de euros, contempla también cambios en el pago de los medicamentos con receta y medidas contra el llamado 'turismo sanitario', que ofrecía atención médica gratuita a los europeos que trabajan o estudian en España.

Los representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) consideran que la medida "condena a morir lentamente" a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Las organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo se han sumado a la protesta, ya que consideran que la reforma es ineficaz e incluso peligrosa para la sanidad. “Después de analizar las implicaciones del decreto sanitario, entendemos que es una ocultación del derecho a la salud, como lo tenemos reconocido en la Carta Magna. No es una medida eficiente, porque puede generar problemas impactantes para la sanidad debido a la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas”, precisó a RT el presidente de la organización Álvaro González Franco.

Las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España, se han visto afectadas por el plan de ahorro del gobierno debido a la profunda crisis económica que ha obligado a Madrid a recortar 32.000 millones de euros para poder reducir el déficit público desde el 8,5 % del PIB con el que se cerró 2011, hasta el 5,3% que exige la UE.

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