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Video y fotos: Violentas protestas en Panamá por la venta de terrenos públicos
En Colón (Panamá) continúan las protestas contra la venta de terrenos públicos. Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes se cobraron este martes 23 de octubre otras dos víctimas mortales. El presidente Ricardo Martinelli anunció que derogará la venta.
Los violentos choques en la ciudad que alberga la mayor Zona Libre del continente
no cesan desde hace casi una semana. El desorden ya le ha costado la vida a tres personas: a un niño de 10 años de edad, que murió el viernes pasado de un disparo en medio de un tiroteo con la Policía; a una mujer que recibió una bala ocasional en la cabeza este martes,
cuando salía de su trabajo, y a un manifestante joven. El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, por su parte, reconoce que en las protestas "han fallecido algunas personas", pero no da más información y comenta que hay que esperar a que el Ministerio Público aclare las circunstancias.
"Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la venta. Los aumentos de alquileres 100% para Colón", escribió el presidente panameño en su cuenta de Twitter este martes por la noche, pocas horas después de conocerse la muerte de dos personas más a causa de los disturbios.
EFE
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El nudo portuario está en huelga prácticamente general a partir del lunes. Participan empleados públicos, incluidos maestros de escuelas, trabajadores del transporte de carga y, parcialmente, también del transporte público. La Cámara de Comercio y los sindicatos anunciaron la extensión del paro hasta el jueves, como mínimo. Según el alcalde de la ciudad, Dámaso García, las pérdidas económicas causadas por los disturbios masivos “son incalculables".
El objetivo de las protestas es derogar la llamada Ley 72 que permite la venta de terrenos públicos en la Zona Libre. Los manifestantes temen que las nuevas leyes les cuesten empleos y recortes de ingresos en la ciudad. Alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo. “Esas tierras son más productivas en manos del Estado que en manos privadas", insiste el dirigente del Frente Amplio de Colón, Felipe Cabezas.
Una misión del Gobierno llegó a la ciudad para iniciar un diálogo con los opositores de la ley. Según los promotores de la polémica iniciativa legislativa, su proyecto tenía como objetivo permitir a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo y aseguraba que ningún usuario de la Zona Libre estaría obligado a comprar el terreno que usa y podría mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto. Sin embargo, la delegación tuvo que volver a la capital sin haber conseguido interlocutores: comerciantes y sindicatos cumplieron su advertencia de que no se sentarían en una mesa de negociaciones con las autoridades hasta que la ley se derogue.
Poco después, el ministro de Economía, Frank de Lima, anunció que la ley será modificada. El 100% del montante que se obtenga con la venta de terrenos de la Zona Libre (en vez del 35%, según prevé la versión existente de la ley) se destinará a un fideicomiso que financie proyectos de interés social. Por el momento, esta propuesta no ha recibido una reacción positiva por parte de los opositores a la legislación. Unas horas después llegó la declaración del presidente Martinelli -quien está de gira oficial por Japón y Vietnam desde la semana pasada- sobre la derogación de la ley.
"Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la venta. Los aumentos de alquileres 100% para Colón", escribió el presidente panameño en su cuenta de Twitter este martes por la noche, pocas horas después de conocerse la muerte de dos personas más a causa de los disturbios.
EFE
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El nudo portuario está en huelga prácticamente general a partir del lunes. Participan empleados públicos, incluidos maestros de escuelas, trabajadores del transporte de carga y, parcialmente, también del transporte público. La Cámara de Comercio y los sindicatos anunciaron la extensión del paro hasta el jueves, como mínimo. Según el alcalde de la ciudad, Dámaso García, las pérdidas económicas causadas por los disturbios masivos “son incalculables".
El objetivo de las protestas es derogar la llamada Ley 72 que permite la venta de terrenos públicos en la Zona Libre. Los manifestantes temen que las nuevas leyes les cuesten empleos y recortes de ingresos en la ciudad. Alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo. “Esas tierras son más productivas en manos del Estado que en manos privadas", insiste el dirigente del Frente Amplio de Colón, Felipe Cabezas.
Una misión del Gobierno llegó a la ciudad para iniciar un diálogo con los opositores de la ley. Según los promotores de la polémica iniciativa legislativa, su proyecto tenía como objetivo permitir a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo y aseguraba que ningún usuario de la Zona Libre estaría obligado a comprar el terreno que usa y podría mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto. Sin embargo, la delegación tuvo que volver a la capital sin haber conseguido interlocutores: comerciantes y sindicatos cumplieron su advertencia de que no se sentarían en una mesa de negociaciones con las autoridades hasta que la ley se derogue.
Poco después, el ministro de Economía, Frank de Lima, anunció que la ley será modificada. El 100% del montante que se obtenga con la venta de terrenos de la Zona Libre (en vez del 35%, según prevé la versión existente de la ley) se destinará a un fideicomiso que financie proyectos de interés social. Por el momento, esta propuesta no ha recibido una reacción positiva por parte de los opositores a la legislación. Unas horas después llegó la declaración del presidente Martinelli -quien está de gira oficial por Japón y Vietnam desde la semana pasada- sobre la derogación de la ley.
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