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El FBI investigó al movimiento OWS como una amenaza terrorista

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De acuerdo con documentos recientemente hechos públicos, el FBI considera al movimiento Ocupa Wall Street (OWS) una “actividad criminal” e incluso "terrorismo doméstico".
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Los documentos internos fueron obtenidos por Partnership for Civil Justice Fund (PCJF), una organización sin ánimo de lucro que se centra en la defensa de los derechos civiles y que presentó la solicitud de dichos datos bajo la Ley de Libertad de Información.
Según la organización, las 112 páginas de documentos disponibles para el público en su sitio web son sólo "la punta del iceberg". Contienen datos sobre “la vigilancia, el seguimiento y la presentación de informes acerca de manifestantes pacíficos vinculados con el movimiento Ocupa", indicó a través de un comunicado la directora ejecutiva de PCJF, Mara Verheyden-Hilliard.
La organización sostiene que el FBI trata de retener información relevante y por ello ha decidido presentar una apelación con el fin de obtener más detalles sobre las investigaciones relacionadas con el movimiento llevadas a cabo por la agencia.

Vínculo del FBI con corporaciones 

Según los documentos obtenidos, el FBI colaboró extensamente con empresas privadas, incluyendo bancos, que temían que pudieran verse afectadas por las manifestaciones de OWS. Así, revelan que esta agencia comenzó a reunirse con representantes de la Bolsa de Nueva York y otros negocios en agosto de 2011, es decir, un mes antes de las protestas en Zuccotti Park, donde se instaló el movimiento. 
“Vemos no sólo el abuso federal sino también el vínculo entre compañías de seguridad privadas no gubernamentales y el Gobierno federal”, aseguró a RT el activista  y editor de la página web www.indig-nacion.org Mariano Muñoz, quien recalcó que debería haber una separación completa entre una institución corporativa privada y el Gobierno.
Además de las manifestaciones en Nueva York, la investigación del FBI también afectó a protestas organizadas por este mismo movimiento en otras ciudades de EE.UU. Según Muñoz, desde noviembre de 2011 existe a nivel nacional una “represión anticonstitucional en contra de protestas pacíficas”.
"Las demandas criminales y civiles contra este espionaje autoritario y abusivo ya están siendo formuladas y esperemos que los tribunales se pronuncien a favor de la libertad de expresión, de la asamblea pública y el derecho a la protesta pacífica como está especificado en la Constitución de este país", declaró el activista.
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