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Rusia se dispone a ratificar dos tratados internacionales de protección de la infancia

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El presidente ruso, Vladímir Putin, ha propuesto este sábado a la Duma estatal la ratificación de dos documentos internacionales que protegen a los niños contra la explotación y el abuso sexual, la prostitución y la pornografía infantil.
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Se trata del 'Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual' y el 'Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía'.

Olga Batálina, diputada de la Duma Estatal, sostiene que los convenios brindan más garantías a los menores.

“Los países miembros del convenio son aquellos que realizan activamente la adopción de niños rusos, y por eso la Federación de Rusia va a observar las mismas altas exigencias respecto a los crímenes de este tipo y va a obtener nuevas garantías de que estos delitos que potencialmente puedan ser cometidos contra niños rusos adoptados en territorio de otros países también serán perseguidos y severamente castigados. Rusia protege muy escrupulosamente los intereses de los niños, y por eso es natural que estemos interesados en que los derechos de los menores rusos sean acatados también fuera de las fronteras del país”, explica Olga Batálina. 

Según UNICEF, se calcula que anualmente son utilizados en la industria del sexo cerca de un millón de menores de edad, muchos de los cuales no han sido identificados. El alcance del abuso sexual es difícil calcular, pero está claro que el número de casos reales supera con mucho el número de casos denunciados.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 y entró en vigor en 1990. Ha sido ratificada por todos los estados del mundo, con la excepción de Somalia, Sudán del Sur y EE.UU.

El Consejo de Europa aprobó el convenio en 2007 con el fin de establecer unas normas únicas para combatir la prostitución y la pornografía infantil y la trata de niños. El documento representa en sí una generalización de la experiencia europea de la lucha en esta materia y recomienda enfatizar la reacción a esos fenómenos en las legislaciones nacionales. 

El protocolo facultativo fue aprobado por la resolución de la Asamblea General de la ONU en 2000 con el fin de ampliar las medidas que los países participantes deben tomar para proteger los niños de dichos delitos. 

 
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