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Una corte secreta de EE.UU. justificaría el espionaje por poco relevante que sea
Los tribunales de EE.UU. desempeñan un papel clave en el encubrimiento de las operaciones gubernamentales de vigilancia y en el actual debilitamiento de las libertades constitucionales. Así lo opinan en el Centro de Estudios sobre la Globalización.
Para justificar las operaciones ilegales de espionaje, la Corte Federal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) modifica los criterios previstos por la ley para permitir los actos de espionaje, según afirma en su reciente artículo Eric London, experto de este centro independiente de investigación con sede en Montreal, Canadá. El FISC, organismo instaurado por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de EE.UU. (FISA), especula sobre todo con el principio de 'relevancia' de los actos atribuidos a un individuo o a un grupo de personas.
Las autorizaciones para que los servicios de inteligencia vigilen a quienes consideren necesario se expiden al amparo del párrafo 215 de la FISA, enmendado en 2006 por la Ley Patriota, dice el experto. Pero esa cláusula requiere que "se demuestre que las pruebas materiales serán relevantes para una investigación autorizada".
London pone en duda que fuera 'relevante' realizar escuchas telefónicas de centenares de millones de personas, almacenar las grabaciones de esas conversaciones, los mensajes de texto y de correo electrónico, y efectuar monitoreos masivos de la actividad en Internet de los ciudadanos. Y lo mismo expresaron en varias ocasiones diversos organismos de defensa de los derechos humanos, recuerda el analista.
Sin embargo, las denuncias de London van dirigidas a la Corte de Vigilancia, donde todos los materiales son secretos y todos los pleitos son clasificados. Las filtraciones que han tenido lugar, dice el experto del Centro de Estudios sobre la Globalización, "dejan claro que las decisiones [del FISC] son profundamente antidemocráticas".
En contadas ocasiones el sistema judicial de EE.UU. ha considerado que las demandas por espionaje merecieran ser reconocidas por una instancia superior. Y el desenlace que tuvieron esos casos no permite albergar muchas esperanzas.
Por ejemplo, a comienzos de 2013, en el pleito de Amnistía Internacional y varios grupos pro derechos humanos contra el director de la inteligencia estadounidense, James Clapper, la Corte Suprema desestimó la demanda contra la propia FISA, demanda que se basaba en la Cuarta Enmienda a la Constitución. La corte dictaminó que los grupos demandantes no tenían razón porque no pudieron comprobar que les espiaban.
Y ese fallo llegó cuatro meses antes de que el excontratista de dos servicios especiales de EE.UU. Edward Snowden hiciera públicas sus primeras revelaciones, recuerda el experto.
Las autorizaciones para que los servicios de inteligencia vigilen a quienes consideren necesario se expiden al amparo del párrafo 215 de la FISA, enmendado en 2006 por la Ley Patriota, dice el experto. Pero esa cláusula requiere que "se demuestre que las pruebas materiales serán relevantes para una investigación autorizada".
Las filtraciones dejan claro que las decisiones [del FISC] son profundamente antidemocráticas
London pone en duda que fuera 'relevante' realizar escuchas telefónicas de centenares de millones de personas, almacenar las grabaciones de esas conversaciones, los mensajes de texto y de correo electrónico, y efectuar monitoreos masivos de la actividad en Internet de los ciudadanos. Y lo mismo expresaron en varias ocasiones diversos organismos de defensa de los derechos humanos, recuerda el analista.
Sin embargo, las denuncias de London van dirigidas a la Corte de Vigilancia, donde todos los materiales son secretos y todos los pleitos son clasificados. Las filtraciones que han tenido lugar, dice el experto del Centro de Estudios sobre la Globalización, "dejan claro que las decisiones [del FISC] son profundamente antidemocráticas".
En contadas ocasiones el sistema judicial de EE.UU. ha considerado que las demandas por espionaje merecieran ser reconocidas por una instancia superior. Y el desenlace que tuvieron esos casos no permite albergar muchas esperanzas.
Por ejemplo, a comienzos de 2013, en el pleito de Amnistía Internacional y varios grupos pro derechos humanos contra el director de la inteligencia estadounidense, James Clapper, la Corte Suprema desestimó la demanda contra la propia FISA, demanda que se basaba en la Cuarta Enmienda a la Constitución. La corte dictaminó que los grupos demandantes no tenían razón porque no pudieron comprobar que les espiaban.
Y ese fallo llegó cuatro meses antes de que el excontratista de dos servicios especiales de EE.UU. Edward Snowden hiciera públicas sus primeras revelaciones, recuerda el experto.
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