Organizaciones hispanas apoyan la ley de reforma migratoria
Líderes demócratas de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense presentaron por la tarde del martes en Washington, una reforma migratoria que permita la legalización de buena parte de los 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, motivo por el cual, organizaciones hispanas, defensores de inmigrantes, grupos religiosos y varias minorías étnicas comenzaron a respaldar este miércoles el proyecto de ley.
De la misma manera, grupos que piden mano dura contra los "sin papeles", renovaron su promesa de continuar luchando contra cualquier ley que ofrezca “amnistía” para quienes violan las leyes migratorias de EE.UU.
Esta nueva medida, que será debatida previsiblemente en febrero o marzo de 2010, por ahora carece del apoyo republicano.
Con esta reforma, un inmigrante ilegal que pueda probar que estaba en el territorio estadounidense desde el momento de la presentación del proyecto, que no tenga antecedentes penales y pague un mínimo de 500 dólares podría solicitar la regularización de su situación.
Este programa de normalización daría la residencia legal por seis años, y sería un paso previo a la naturalización. Además, prevé un sistema de verificación para que las empresas no contraten a ciudadanos en situación irregular, la reunificación familiar y la integración de inmigrantes, la legalización de ciertos estudiantes indocumentados y un programa para regular futuros flujos migratorios.
Según los analistas, aunque la reforma tiene amplio apoyo entre la comunidad inmigrante, es poco probable que, ante el polarizado ambiente político en el Congreso estadounidense, ésta logre recabar los 218 votos que necesita en la Cámara de Representantes y los 60 en el Senado.
El presidente Barack Obama ha reiterado que quiere una reforma migratoria para sacar de la sombra a unos 12 millones de individuos sin registrar.
Este nuevo intento legislativo retoma buena parte de los programas de seguridad ya en marcha en la frontera con México e incluye un Equipo Especial de Seguridad Fronteriza, contempla también un programa de trabajadores temporales para 100.000 personas, durante tres años, pero con un estatuto de residentes condicionales.
México, país de origen de gran parte de los ilegales, apoya esta iniciativa, al igual que Guatemala.