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Continúa el proceso judicial de los militares que expulsaron a Zelaya

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El Ministerio Público de Honduras presentó un recurso de reposición contra el sobreseimiento definitivo de los militares acusados de la expulsión ilegal del presidente Manuel Zelaya del país, derrocado durante un golpe de Estado el año pasado. El organismo lo interpuso después que un tribuna
Continúa el proceso judicial de los militares que expulsaron a Zelaya

El Ministerio Público de Honduras presentó un recurso de reposición contra el sobreseimiento definitivo de los militares acusados de la expulsión ilegal del presidente Manuel Zelaya del país, derrocado durante un golpe de Estado el año pasado.

El organismo lo interpuso después que un tribunal especial de apelaciones formado por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña ratificara la absolución de la cúpula militar el 19 de febrero y desestimara de este modo el recurso de apelación presentado por el Ministerio contra el fallo, absolviendo del caso al juez y presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera.

Según Rivera, la nueva apelación del departamento debe ser resuelta en el más breve plazo porque sólo es un paso previo al recurso de amparo que se espera que presente el Ministerio Público ante la CSJ.

El Ministerio demandó a los seis miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el jefe supremo del Ejército, el de las Fuerzas Navales y a otros oficiales el 6 de enero. Les inculpó de expulsar a Zelaya del Estado, lo que está prohibido por la Constitución hondureña. Posteriormente la CSJ declinó la responsabilidad de los altos cargos militares, explicando que el organismo público no tiene "pruebas suficientes de su culpa". Por su parte, los representantes de la Fiscalía entablaron demanda para apelarlo.

Manuel Zelaya fue detenido por los militares conforme a una orden de detención secreta de la Corte Suprema, pero no fue procesado, sino expulsado a Costa Rica. Su mandato presidencial debía expirar en enero de 2010. La Constitución hondureña no permite la reelección y Zelaya intentó cambiarla, presuntamente, para seguir en el poder.

El documento también prohíbe la expulsión de sus ciudadanos del país. Sin embargo, los representantes del Gobierno de facto justificaron las acciones de los militares, subrayando que la acción fue realizada en corcondancia con la demanda judicial presentada a la Corte Suprema contra Manuel Zelaya por su iniciativa ilegal de convocar la Asamblea Constitucional.

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