Los periodistas mexicanos sufren más violencia del Estado que de los narcos
Según un informe presentado el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los casos de agresión contra periodistas en México la cometen agentes del Estado y no es culpa de los narcotraficantes, tal y como lo presenta la versión oficial.
El documento de la organización Article XIX y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) atribuye un 75,5% de tales agresiones a agentes del Estado, frente al 6,7% referidas al narcotráfico, informó la agencia EFE.
El informe se entregó a la CIDH en una audiencia del 138 periodo de sesiones de este organismo, que trató el asunto con la participación de representantes del Estado de México.
La portavoz de CENCOS, Brisa Maya Solís, denunció el "argumento falaz y recurrente" del Gobierno mexicano que culpa al narcotráfico de las agresiones a periodistas y defendió la "evidencia que prueba que funcionarios públicos están involucrados" en la mayoría de los casos.
Solís justificó la importancia del problema comparando también los 20 homicidios durante los seis años de Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con las 28 muertes en dos años de Presidencia de Felipe Calderón.
México está a la cabeza en la lista de periodistas asesinados en 2009 con 11 homicidios, de los que un 70% están ligados al ejercicio periodístico, según indicó.
El total de agresiones físicas y materiales, que incluyen desapariciones, amenazas físicas, detenciones, calumnias y difamación, en ese año fue de 244, citó Solís.
Una de las "mayores preocupaciones" es la implicación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos hechos, que tienen mayor incidencia en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chihuahua.
Entre las causas de la "impunidad" de este tipo de delitos, Darío Ram, de Article XIX, citó un "marco jurídico deficiente" en el sistema judicial mexicano que limita la investigación a la Fiscalía especial dedicada a este tipo de crímenes.
Añadió que "lo único que vemos es la ausencia clara de resultados, al haber declinado su competencia en un 59% de los casos".
En respuesta, Gustavo Salas, fiscal jefe para delitos contra periodistas, aseguró que acepta las "insuficiencias" pero "no los niveles de ineficacia" denunciados, y defendió que "está en pleno curso una transformación y reformulación de la Fiscalía".
Como ejemplo de esas iniciativas, citó los mecanismos legislativos en desarrollo para proteger a periodistas, la ejecución y sistematización de información de este tipo de delitos y la atención que se presta a las denuncias de periodistas desaparecidos.
En contra del informe, aseguró: "No venimos a afirmar visiones personales" sobre la realidad, y comentó que desconoce la metodología utilizada para ofrecer esos datos.
"La visión general no es así. El principal origen de los asesinatos y las desapariciones (de periodistas) obedece a la actividad del narcotráfico", afirmó.
Para defender la voluntad del Gobierno de esclarecer los hechos, el director de Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín, recordó la visita que los relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU realizarán en agosto al país para realizar un informe sobre el asunto.