Polémica: Perú obligado a indemnizar a una terrorista violada por policías en 1993
Espinoza denunció ante la organización supranacional que fue víctima de torturas y violación sexual en instalaciones policiales después de haber sido detenida en 1993 por pertenecer a las fuerzas especiales del grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), responsable del secuestro de empresarios.
La terrorista, que cumple pena de 25 años de cárcel hasta mayo del 2018, a su vez tiene que pagar al Estado alrededor de 11.200 dólares por los daños a los que llevaron sus acciones en el MRTA.
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El fallo judicial generó reacciones de todo tipo entre varios altos cargos peruanos. El ministro del Interior del país latinoamericano, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó, citado por medios locales, que "es lamentable que sentencias de este tipo se den".
El congresista Mauricio Mulder criticó el dictamen de la corte IDH y aseguró que "debe haber una protesta por parte del Gobierno de Perú" y además abogó por "un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ámbito de la misma Corte", publicó el diario 'El País'.
Por su parte, Javier Villa Stein, el actual presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, tachó la sentencia de "inaceptable, aberrante y antijurídica".