'La gota que colma el vaso': Sociedad civil exige al Gobierno mexicano garantías del derecho al agua
"Cuando hay escasez sí, si en la unidad habitacional en donde estamos sí tenemos que solicitar el servicio de pipas. El agua viene completamente amarillenta. Hay ocasiones en que después de dejar correr un rato el agua se puede ver transparente pero desafortunadamente no es potable", cuenta Margarita Mondragón, residente de Ciudad de México.
Buscando una iniciativa que permitiera el suministro adecuado de este líquido, y después de más de dos años de trabajo conjunto, en febrero de 2015 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados y Senadores una iniciativa ciudadana que garantizara el uso justo y equitativo de este líquido. Pero la propuesta fue descartada y en su lugar se tomó como base la iniciativa de la Ley General de Aguas que fue presentada por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman.
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"Esta nueva propuesta de ley, esta nueva Ley General de Aguas es el último paso para terminar un proyecto neoliberal de gestión del agua que está siendo cuestionada en América Latina y en el mundo", afirma Étienne von Bertrab, investigador del University College London.
Para diferentes especialistas y activistas, este nuevo proyecto de ley busca privatizar los servicios de agua potable y saneamiento. Además, permitiría la construcción y concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica para promover su trasvase y privilegiar el uso industrial por encima de los derechos humanos.
"También están las propias empresas que dotan del servicio público de agua. Ese es un negocio superjugoso, porque un ciudadano en necesidad de consumir agua hará lo que sea por tener el agua y pagará lo que sea. Estamos viendo un proceso de bursatilización como si fuera petróleo de un producto tan necesario como es el agua", critica Leonardo Durán, integrante del consejo Tiyat Tlali.
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El llamado de activistas por un cambio en este proyecto de ley es urgente. Uno de los puntos que los investigadores internacionales consideran implícito en esta nueva propuesta y por lo cual piden que se modifique es la apertura a la posibilidad de que algunas comunidades sufran despojo para abastecer de agua a las grandes empresas que lo necesiten.
En un país en el que cerca de 9 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada y que otros 13 millones reciben este líquido contaminado, la exigencia de la sociedad civil es una ley que verdaderamente responda al mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua.