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La gobernadora de Arizona acusa a los inmigrantes de transportar drogas

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La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que entran en Estados Unidos transporta drogas.
La gobernadora de Arizona acusa a los inmigrantes de transportar drogas

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que entran en Estados Unidos transporta drogas.

En un debate el viernes entre aspirantes republicanos a la candidatura a gobernador, Brewer dijo que la mayoría de los inmigrantes indocumentados es utilizada como "mulas" de los narcotraficantes para importar drogas a EE. UU., encendiendo el debate sobre la inmigración ilegal en este país, iniciado con la nueva y severa ley de Arizona.

"Creo que bajo las circunstancias que afrontamos ahora, la mayoría de los intrusos ilegales que están viniendo a Arizona está bajo la dirección y el control de los cárteles organizados que están introduciendo las drogas", declaró Brewer.

La gobernadora indicó que "muchos" de los ilegales vienen a Estados Unidos motivados por el deseo de conseguir trabajo, pero las bandas del narcotráfico los incorporan como "mulas", es decir, contrabandistas.

"Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces los abordan y se convierten en sujetos del cártel de drogas", agregó.

La gobernadora no ofreció datos oficiales que prueben sus afirmaciones, pero insistió en que los indocumentados son perseguidos por los narcotraficantes hasta que se ponen a sus órdenes.

Además, unos días antes Brewer había asociado ya a los inmigrantes ilegales con el contrabando de drogas, casas hacinadas con indocumentados recién llegados, extorsión y otras actividades criminales.

No obstante, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, T. J. Bonner, señaló en contradicción a Brewer que el tráfico de drogas acarrea mayores penas que el cruce ilegal hacia EE. UU., y que son muy pocos los indocumentados que, en busca de empleo en este país, quieran tomar ese riesgo.

El otro oponente de la gobernadora de Arizona, Jesús Ramón Valdés, miembro de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte en el Senado, señaló que los inmigrantes mexicanos son sólo gente "necesitada" y "humilde", que buscan "mejorar la calidad de sus familias". Valdés tachó a Brewer de "rasista" y le recomendó que consulte a un psiquiatra.

"Me da la impresión de que la gobernadora de Arizona, por los comentarios que ha venido haciendo, es una persona racista", dijo el legislador. "Me parece una persona sumamente agresiva e irresponsable en esas declaraciones", añadió.

"Su forma de conceptualizar los problemas es echarle la culpa a la gente que va a buscar trabajo, por eso yo digo que ella no está bien mentalmente. Le hace falta un psiquiatra porque sus comentarios están fuera de balance", señaló Valdés.

Mientras tanto, el ejemplo de Jan Brewer resultó contagioso en otros estados de EE. UU., que también se sienten afectados por la inmigración.

Así, la controvertida ley de Arizona para controlar la inmigración ni siquiera ha entrado en vigor (entrará en vigencia el 29 de julio), pero legisladores de casi 20 estados más ya están buscando imitarla.

Mientras el presidente estadounidense, Barack Obama, ha dicho que la ley de Arizona es "irresponsable", legisladores o candidatos en 18 estados dicen que desean promover medidas similares cuando vuelvan a iniciar sus sesiones legislativas en el 2011.

Por ejemplo, los candidatos por la Florida y Minnesota están elogiando la ley, al igual que algunos legisladores de entidades ubicadas lejos de la frontera con México, como Idaho y Nebraska. En Pensilvania, Rhode Island, Minnesota, Carolina del Sur y Michigan ya han sido presentados proyectos similares a la ley de Arizona.

"Los estados están diciendo: si las autoridades federales no lo hacen, nosotros tendremos que hacerlo", dijo Monty Pearce, el senador de Idaho.

Aún así, unos grupos empresariales, agrícolas y por la defensa de los derechos civiles se oponen a ese tipo de declaraciones bajo el argumento de que los residentes hispanos legales serían hostigados injustamente. Además, algunos grupos se están uniendo para oponerse a los proyectos estatales de leyes similares a las de Arizona.

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