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La política en Guatemala se ha convertido en un negocio familiar
Guatemala vive una fuerte polémica por posibles casos de favoritismo en el poder. Se denuncia que 19 familias habrían colocado a diversos parientes en la estructura del Gobierno tras las elecciones generales. Por esa razón cada vez son más las voces que exigen una reforma para impedir que clanes enteros accedan a cargos.
Una de las familias más reconocidas en Guatemala es la familia Arzú, puesto que su líder, Álvaro Arzú, repetirá como alcalde de la capital por cuarta ocasión. Para su siguiente gestión contará con su hijo, Álvaro Arzú Escobar, como parte del Congreso. Este es solo un ejemplo de las muchas redes familiares que han incursionado en la política del país.
Se ha evidenciado varias veces que familias enteras están ocupando cargos en diputaciones o alcaldías para favorecerse entre sí, lo que refleja una falta de democratización en los partidos políticos. Según datos del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, durante las elecciones generales del 6 de septiembre de 2015, se postularon los representantes de 19 redes familiares.
"Tenemos un sistema político excluyente, un sistema político que lo que hace es reproducir esquemas de intereses particulares, y no tenemos partidos políticos que representen a la sociedad", ha declarado el analista político guatemalteco Sandino Asturias.
Un sistema tan perverso como este solo puede pervivir a partir de la familia, a partir de la confianza familiar, a partir de los herederos
El artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en Guatemala señala que los partidos políticos podrán postular o inscribir candidatos a todos los cargos de elección popular, pero no existe una limitación para aspirantes con relación familiar.
"Un sistema tan perverso como este solo puede pervivir a partir de la familia, a partir de la confianza familiar, a partir de los herederos. Lo que vemos en Guatemala de los partidos es a los hijos de los presidentes, los hijos del secretario general, las esposas, las novias. Aquí la confianza personal es lo que pervive por sobre de los proyectos políticos", dijo Asturias.
Por más evidencia que demuestre que familias acaparan cargos públicos, no existe hoy en día una sanción formal contra este hecho, por lo que se ha llevado ante el Congreso una nueva propuesta que pueda llegar a disminuir este problema.
"Es a partir de la reciente propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que tratamos de superar este tipo de deficiencias, tratando de implementar elementos de democratización interna a los partidos. Pensando que un secretario general departamental, que es donde estas familias llegan a entroncar su poder, no pueda permanecer por más de dos periodos", por su parte expresó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
Para erradicar a los clanes familiares en el ámbito político no solo basta con aprobar la nueva reforma electoral. De acuerdo con la ciudadanía, el temor es que la ley no se cumpla, como ha sucedido en recientes años.
"El tema es la impunidad, el tema es la ausencia de una moral y una cultura ética pública, de una moral pública, y nosotros siempre hemos estado exigiendo desde la sociedad civil precisamente el cumplimiento del artículo 113 que se le aplica a todo funcionario público, que tiene que ver con la capacidad, la idoneidad y la honestidad", afirmó el activista Helen Mack.
Las últimas elecciones generales de Guatemala demostraron que los clanes familiares siguen postulándose ante el Tribunal Supremo Electoral sin que haya consecuencias legales, pero la sociedad civil está más alerta que nunca y está dispuesta a emprender una lucha que aún tiene un gran camino por recorrer: que el término 'familia' no sea asociado con la impunidad.
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