Nueva práctica de sentencias protegerá a soldados extranjeros de expulsión

Estados Unidos inicia una revisión y modernización de las prácticas de sentencias judiciales, así a nivel federal, como de estados particulares, por ser consideradas como notoriamente injustas varias normas vigentes.

Así, el estado de Nueva York acaba de crear su comisión para la primera, en 40 años, revisión completa de leyes que definen la estipulación de sanciones judiciales. En la jurisdicción federal la Comisión de Sentencias de EE. UU. pone en vigor, el mes próximo, sus nuevas reglas. Los cambios deberán, en primer lugar, afectar los intereses de los inmigrantes; y también permitirán a los jueces tomar en cuenta el servicio militar y el estado mental y emocional de un acusado para fijarle una sentencia menor.

Como ejemplo de la situación actual, la agencia informativa AP se refiere a la causa de un nativo de Jamaica, Rohan Coombs, que inmigró a EE. UU. en forma legal con su familia, cuando era niño, y ya en su edad consciente prestó al país que le albergó sus servicios militares durante seis años. Defendió los intereses de su patria adoptiva en Japón, Filipinas y luego en la zona del Golfo Pérsico en los mismos años de la primera guerra contra Irak.

Debido a que su condición civil no cambió, tras cometer una partida serrana el soldado retirado terminó preso en un centro de detención para indocumentados a la espera de su extradición a su isla de origen.

Los datos estadísticos al respecto no son menos impresionantes que esa situación vital: cada año hasta 8.000 extranjeros ingresan a las Fuerzas Armadas estadounidenses y prestan servicios junto a compañeros que son ciudadanos del país. Casi 17.000 militares soldados hacen el servicio simultáneamente. Y pese a que su estadía en el suelo norteamericano es completamente legítima, una vez terminado el servicio, algún delito suyo, incluso no deliberado, va a entrañar como la consecuencia casi inminente la extradición del culpable al país de su origen. Incluso si ya tiene una familia dentro del país y sus hijos estadounidenses nativos.

Se supone que la revisión de las normas de dictar sentencias arreglaría la situación de los soldados sin ciudadanía. Incluso en los estados que no apresuran con la reforma por su propia iniciativa, los abogados de los militares llevan sus demandas a la corte, donde argumentan que un inmigrante que dedica años de su vida al servicio en las FF. AA. debería ser considerado como estadounidense y, por lo tanto, estar protegido de una posible expulsión.