La Justicia argentina ordena a la petrolera estatal difundir su acuerdo con Chevron
Hace tres años la empresa petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó un acuerdo con la multinacional Chevron para explotar el petróleo no convencional alojado en la región de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Dicho convenio incluyó una serie de cláusulas secretas que no fueron dadas a conocer al público hasta ahora.
Sin embargo, tras varias idas y vueltas en los tribunales, finalmente la Cámara Federal rechazó un recurso extraordinario presentado por la compañía y volvió a ratificar –como sucedió en otras instancias– que debe dar a conocer la información.
Originalmente YPF había alegado que no estaba afectada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el "acceso a la información pública". Sin embargo, en noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia argentina emitió un fallo donde incluía a la empresa en los marcos de dicha reglamentación lo que implicó un nuevo camino judicial.
La empresa debe informar
Tras la decisión del máximo tribunal, a principios de 2016 un fallo ordenó a la petrolera entregar a la justicia el contrato completo. El mismo sería puesto a disposición de los demandantes para conocer todo su articulado. Sin embargo esto no sucedió ya que, por pedido expreso de la petrolera, el texto no debía tomar estado público y el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 decidió preservarlo.
Presentaciones de la empresa mediante para sostener el secreto, en julio de 2016 la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires exigió nuevamente que se hiciera público el contrato. En ese marco los jueces amenazaron con imputar a directivos de YPF por 'desobediencia': un delito que prevé una condena de 15 días a un año de prisión, según lo dispone el Código Penal argentino.
Finalmente, ante una apelación de la compañía, la misma Cámara decidió rechazarla y ratificar su posición.
La Justicia puede secuestrar la documentación
El abogado Federico Dalponte explicó en diálogo con RT que "el Gobierno argentino –en tanto administrador de la empresa– llegó al final de un camino sembrado de dilaciones". Este fallo de la Cámara "es en realidad la aplicación de una sentencia previa de la propia Corte Suprema. Es decir que el gobierno discutió el fondo de la cuestión y perdió", añadió el letrado.
"Ahora volvió a discutir la aplicación de esa decisión adversa y también perdió", dijo. En este caso "la novedad" es que "el juzgado interviniente quedó más cerca de poder pedir el secuestro de la documentación si persiste la renuencia de YPF", especificó Dalponte.
Al ser consultado sobre qué puede hacer la empresa de ahora en adelante el abogado analizó: "Una vez que el fallo sea notificado a la empresa, habrá que esperar su respuesta: si entrega el contrato, si intenta llegar otra vez a la Corte Suprema o si se somete al accionar del juzgado".
Un acuerdo conflictivo
Tan pronto como se anunció el convenio entre YPF y Chevron se llevaron a cabo diversas manifestaciones y protestas que hasta incluyeron enfrentamientos con la policía.
Los manifestantes denunciaban –y denuncian– el carácter contaminante de la explotación de hidrocarburos no convencionales (como los que se encuentran en Vaca Muerta) así como la posible cesión de soberanía incluida en la parte secreta del contrato. Si bien sigue sin ser público, se supone que las cláusulas incluyen el pedido de modificaciones de leyes ambientales y laborales, entre otros aspectos.
También se produjeron conflictos puntuales por el territorio con las comunidades mapuches que habitan la zona de Vaca Muerta. Representantes de los pueblos originarios denunciaron que han sufrido ataques a sus poblados que responden a las intenciones de echarlos del lugar.
Santiago Mayor