"Libertad y clemencia", los gritos de los amotinados en un Centro de Extranjeros en Madrid

Pasaron la noche en la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en el sur de Madrid, desde donde gritaron durante más de 11 horas "libertad", "clemencia" o "justicia".

Los 39 inmigrantes, 38 de nacionalidad argelina y uno marroquí, abandonaban esta mañana el amotinamiento tras una larga noche de negociaciones con la Policía. Aunque ya ha concluido, el motín del CIE de Aluche ha provocado, una vez más, que numerosas ONGs y políticos pidan el cierre de este tipo de centros por vulnerar los derechos humanos. 

Una noche de negociaciones

La protesta, en la que han llegado a participar hasta 50 personas, comenzó sobre las 21.15 horas del martes. Rápidamente, la Policía Nacional desplegó en las inmediaciones varias unidades ante el temor de que se produjeran fugas o alternados mientras comenzaba a llegar los primeros activistas de diversos colectivos por el cierre de los CIE con el objetivo de apoyar a los internos y evitar posibles abusos. 

También se desplazaron al lugar varios concejales del Ayuntamiento de Madrid y diputados de Podemos de la Asamblea de Madrid y del Congreso de los Diputados. Algunos de los responsables públicos intentaron acceder al interior para "pedir información" sobre lo que estaba sucediendo, pero fueron frenados por los agentes de la Policía, que les comunicaron que tenían órdenes de no dejarles pasar. 

El amotinamiento concluyó minutos antes de las 9.30 horas de este miércoles, según un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, quien anunció que los inmigrantes "han reingresado al centro de forma voluntaria" tras una noche de negociaciones entre agentes e internos. Los inmigrantes no portaban armas, y no ha habido heridos ni altercados. 

Una vulneración de los derechos humanos

La ley los define como centros o establecimiento públicos de carácter no penitenciario donde son trasladados o puestos a disposición de las autoridades las personas que no tienen una estancia regular en España. Sin embargo, según denuncian las ONG, son centros de detención de extranjeros: instalaciones donde el Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por carecer de permiso de residencia, aunque no hayan cometido ningún delito. 

"El respeto de los Derechos Humanos es incompatible con la existencia de los CIE y por este motivo el Estado de Derecho no puede permitir albergar estos centros entre sus ciudades", denuncia un reciente informe de SOS Racismo que documenta varios casos de internos en el CIE de Aluche, quienes denunciaron malos tratos y vejaciones en el interior del centro. 

A través de un comunicado difundido este miércoles, la ONG ha subrayado que durante la última semana "varios enfermos han recibido una atención sanitaria inadecuada". "El cuadro más dantesco se vivió el pasado domingo por la tarde con enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en ese horario", explica el texto. Además, la organización denuncia que han documentado casos de expulsiones sin notificación en tiempo y forma a los internos, "algo especialmente grave si tenemos en cuenta que el propio Juez ha recordado al director del CIE que ha de respetar el derecho de asilo". 

Una política migratoria "criminalizadora"

Las condiciones sanitarias insuficientes y las expulsiones sin previa notificación han sido dos cuestiones que también ha denunciado la diputada de Podemos Ione Belarra, una de las responsables públicas que la pasada noche estuvo supervisando el amotinamiento desde el exterior. 

Belarra, quien también ha ejercido como activista dentro de SOS Racismo y ha tenido la oportunidad de visitar el centro, ha denunciado en una entrevista a RT las políticas migratorias llevadas a cabo en España tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista: "Esta política es criminalizadora, trata a las personas migrantes como si fuesen criminales". 

"Seguimos con mucha preocupación todo lo que tiene que ver con estos centros porque, efectivamente, son agujeros negros del Estado de derecho", ha explicado la diputada, para quien "la mera existencia de estos centros de internamiento está vulnerando los derechos humanos" en España. 

Ahora, los colectivos sociales que trabajan en temas migratorios temen las posibles represalias que puedan sufrir los internos tras el motín. De momento, ninguna ONG ha podido acceder al interior, ni siquiera aquellas que visitan diariamente el centro para comprobar el estado en el que se encuentra los internos. 

María Jesus Vigo Pastur