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La Constituyente, una realidad: Los retos de la próxima elección en Venezuela

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A falta de un mes para que se celebren los comicios, el ambiente en el país suramericano es de mucha tensión. Los focos de protestas de la oposición persisten, la dirigencia de derecha amenaza con impedir la jornada electoral y el Estado afina medidas para atender contingencias.
La Constituyente, una realidad: Los retos de la próxima elección en Venezuela

Quedan 30 días para que Venezuela elija a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un proceso convocado por el presidente Nicolás Maduro.

Sandra Oblitas, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó este jueves cómo será el proceso de votación. La experiencia no es demasiado novedosa en un país que en los últimos 18 años ha ido a más de 20 elecciones.  Sin embargo, el proceso tiene una singularidad: es la primera vez que la nación tendrá que acudir a las urnas en un ambiente de profunda crispación política.

Se combinan más de 80 días de protestas violentas de la oposición, la negativa a diálogo de la derecha y un saldo fatal de más de 76 víctimas entre manifestantes antichavistas, funcionarios de orden público, militantes socialistas y personas ajenas a la disputa partidista.

El Gobierno ha denunciado a la oposición de ejecutar acciones "terroristas"; mientras la derecha señala al Ejecutivo de ser una "dictadura". Las fricciones, que se han atizado con los días, parecen destinadas a definirse en un escenario definitivo: la ANC. Pero, ¿qué podría pasar en Venezuela el próximo 30 de julio?

¿Por qué una ANC?

Las relaciones entre el Gobierno y la oposición desde la llegada del presidente Maduro se han vuelto aún más inmanejables. El fracaso de la derecha en su intento por destituirlo por vías inconstitucionales como un "juicio político", el desconocimiento a su autoridad en el Parlamento y la recolección fraudulenta de firmas para un referendo revocatorio, han decantado en una última opción: la protesta de calle.

Las manifestaciones, que en un principio eran masivas, fueron perdiendo poder de convocatoria y, en la misma medida, escalando en violencia. ¿El saldo? Más de 76 muertos. Ante ese escenario, el presidente Maduro convocó a un "diálogo superior de paz" por la vía de la Constituyente, a la que estaban llamados a participar todos los factores políticos del país con el propósito de perfeccionar la Carta Magna vigente. La oposición, de inmediato, anunció que se abstenía.

Después de haber marchado para solicitar la renuncia del presidente, desconocer a los poderes públicos y pedir elecciones generales, que no están previstas en el calendario comicial, la agenda opositora se enfiló a llamar a sus adeptos a rechazar la Constituyente e impedir su celebración. 

Delito electoral

"Quien esté en desacuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente no debe ir a votar; es más, debe impedir por todos los medios que sus compañeros, que sus vecinos, que sus amigos, asistan", dijo la semana pasada la diputada de oposición Dennys Fernández.

El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, ha hecho un llamado similar. Las amenazas a quienes respalden la iniciativa de Maduro han llegado al punto de llamarlos "cómplices" de los "asesinatos a los venezolanos". 

Pero esa postura contraviene la normativa electoral. Al respecto, la rectora Oblitas fue enfática: "Impedir el derecho al voto, la posibilidad de ejercer el derecho, configura la limitación de un derecho humano y, por lo tanto, es un delito (...) Es un contrasentido: ¿tú pretendes configurar una democracia impidiendo el derecho a la participación?

La escalada

En las últimas semanas, Venezuela ha presenciado la recurrencia de crímenes de odio: personas han sido quemadas por "parecer chavistas", asesinadas porque estaban cerca de una marcha socialista y perseguidas en centros comerciales por sus "similitudes" con figuras del Gobierno o sus familiares.

Líderes opositores como Freddy Guevara han dicho que se encuentran en una fase de "escalada". Sus últimas movilizaciones han terminado en asedios armados a una base militar como La Carlota, en el este de Caracas. Esta semana, un helicóptero fue sustraído de esas instalaciones por un efectivo de la Policía científica que mostró, desde el aire, una pancarta para instar a la desobediencia civil después de atentar con disparos y granadas contra dos instituciones del Estado: el Ministerio de Interior y Justicia y la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ambos ataques fueron a plena luz del día.

En ese contexto, el miedo se ha vuelto una constante. El intelectual venezolano y exministro de Cultura Freddy Ñáñez advierte a RT que esos hechos no son gratuitos o inconexos: "El terror apunta a que, dadas las pruebas de realidad concreta como los linchamientos y el escarnio público, se puede esperar lo que sea. Ese dispositivo tiene como objetivo principal desmovilizar a la gente, es especial al chavismo, y eso hace parte de una estrategia de guerra".

Por eso, insiste, el mayor desafío para el Estado de cara las elecciones es "garantizar el clima de seguridad que el pueblo requiere para tomar decisiones. La guerra económica ya coacciona la voluntad, pero la amenaza concreta de ser asesinado, linchado o amedrentado por vías simbólicas vulnera la democracia en su sentido fáctico".

"El pueblo venezolano, por razones históricas y culturales, prefiere votar a tener que matarse en las calles. Y esa es la dicotomía planteada en el escenario: diálogo constituyente o guerra civil. Como es razonable, lo último no es una opción sino el fracaso de la cultura y la política que nos definen como sociedad", afirma Ñáñez.

¿Y por qué el rechazo visceral de la derecha a medirse esta vez en las urnas si dice contar con la mayoría de los votos? Ñáñez tiene una hipótesis: "La Constituyente exige que los contenidos políticos, filosóficos y jurídicos se hagan visibles: es una lucha de proyectos, de programas y esencialmente de ideas. Nadie conoce, en estos 18 años de oposicionismo, cuál es su propuesta de gobierno como contrincante del chavismo y esta elección lo develaría. Entonces, por primera vez, tendría elementos para decidir entre uno y otro, como ocurrió en la Constituyente de 1999 (llamado por el entonces presidente Hugo Chávez)".

Dos objetivos

Esta semana, los poderes del Estado sostuvieron un encuentro para coordinar acciones conjuntas que permitan transmitir tranquilidad al electorado de cara a la Constituyente.

"Esa reunión demuestra que estamos trabajando para garantizar el ejercicio del voto para esta elección que es histórica por el contexto en el que es convocada, por lo que significa, por lo novedoso, por lo particular y por lo que propone", dijo Oblitas en una entrevista televisada por el canal del Estado.

Las prioridades del Estado son dos: resguardar a los votantes para que ejerzan su derecho con seguridad y confianza y activar un dispositivo para atender "cualquier evento que se configure como delito electoral". Por esa razón, el perímetro de seguridad en los centros de votación se amplió de 100 a 500 metros y se han coordinado acciones con el poder judicial para actuar penalmente contra quienes incurran en hechos punibles. Al margen de las protestas opositoras y los intentos por impedir la convocatoria, lo cierto es que la cuenta regresiva para la Constituyente ya empezó.

Nazareth Balbás

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