35 aniversario de la muerte de Franco con polémica sobre leyes de memoria
El 20 de noviembre será el 35 aniversario de la muerte de Francisco Franco, una de las figuras clave de la historia de España, y dictador del país durante 35 años. Mientras en España aún no cesa la polémica respecto a una ley que atribuye a los descendientes de los exiliados bajo el franquismo la ciudadanía española.
En 2006 el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en el congreso de los diputados la Ley de Memoria Histórica. Este documento, que fue aprobado posteriormente por el Parlamento y tiene como objetivo reconocer los derechos de quienes padecieron persecución, violencia y exilio durante la guerra civil y la dictadura franquista. Una de las disposiciones de esta iniciativa, es la concesión de la nacionalidad española a los hijos y los nietos de los exiliados. La norma considera como tales a los que abandonaron el país entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Esta medida ha sido especialmente popular en América Latina, donde fueron presentadas el 95% de las solicitudes. Pero, si los descendientes de los exiliados, hoy hacen colas en los consulados para poder viajar en avión a su lugar de origen, la forma en la que sus abuelos tuvieron que abandonarlo fue muy distinta: un viaje en barco donde todos estaban hacinados y comían en platos de lata.
Para el gobierno la Ley de Memoria Histórica restaura la dignidad de todos los que murieron lejos de su patria y considera que la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de los exilados es un acto de justicia.
El diputado del Partido Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos explica las razones para la aparición de esta ley: “Tenemos que tener en cuenta que exiliados ilustres murieron ya en el exilio, como Antonio Machado, el presidente Manuel Azaña, como el último primer ministro de la República en ejercicio antes de la derrota, que fue Negrín. Yo creo que el homenaje simbólico a los fallecidos, y el homenaje real a los familiares es darles el pasaporte español”.
Pero mientras que el Partido Socialista ve en esta normativa una medida conciliadora que pondrá fin a los años de olvido, la oposición mantiene la convicción, de que el objetivo de esta decisión, no es el de reparar a las víctimas del conflicto armado, sino el de reabrir viejas heridas. El portavoz de política exterior del Partido Popular piensa que “cuando una parte de la sociedad española siente que la interpretación, el espíritu y la letra de una ley que ha planteado el gobierno es una ley que intenta reabrir heridas del pasado, es que no está bien escrita”.
Sin embargo detrás del debate político existe un drama humano; las historias de los descendientes de los exiliados, que ahora ven como el país del que sus padres tuvieron que huir, ahora finalmente los reconoce, un hecho que no puede dejar a sus hijos y nietos indiferentes. Ellos lloran de alegría al recibir el pasaporte con ciudadanía española.
Han pasado más de 70 años desde el fin de la guerra civil española. Los hijos de las víctimas de ambos bandos, aún viven con el recuerdo de este oscuro episodio de la historia; las heridas van cerrando, pero la cicatriz todavía es visible. Sólo queda esperar a que el debate sirva para contribuir al proceso democrático en el país y no para acentuar la división entre los españoles.