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Referéndum de Cataluña: ¿Existe una 'solución racional' a la crisis de Estado?
El Ejecutivo español, a través de los órganos judiciales, está decidido a acabar con cualquier intento de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación.
El pulso entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas por la celebración del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre sigue marcando la agenda política. A pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió el jueves por la noche de forma cautelar la ley del referéndum, el Parlamento catalán ha sacado adelante una nueva normativa con el voto de la mayoría independentista.
Se trata de la ley de transitoriedad jurídica, una iniciativa que establece las normas que regirán en Cataluña, en caso de que el 'sí' gane en las urnas, hasta la aprobación de una Constitución propia. No obstante, siguiendo el guión de la ley del referéndum, se espera que el Constitucional suspenda también la citada ley tras los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno.
Para Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional, se trata de "una situación bastante compleja" que "algunos autores han definido, incluso, como una especie de golpe de Estado normativo". "Ha habido una especie de cerrazón entre las diferentes administraciones y al final no se ha podido llegar a una situación de acuerdo o de consenso", ha analizado Murillo.
El Tribunal Constitucional y la Fiscalía
El Constitucional también acordó el jueves apercibir personalmente a los alcaldes catalanes, cargos de la Generalitat, responsables de los Mossos y medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recordó el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización de la consulta soberanista. De lo contrario, se enfrentarán a responsabilidades incluso penales.
"El propio Tribunal Constitucional tiene unas capacidades de sanción directas, de ejecución, por desobediencia a sus decisiones, que pueden ser sanciones multa o suspensión o/y suspensión de su cargo", explica Murillo, que ha aclarado que la Fiscalía también "puede actuar contra estas personas" si cometen unos hechos delictivos, "como pueden ser prevaricación y desobediencia a la sentencia del Tribunal Constitucional".
Así lo ha hecho ya el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha remitido un oficio a la Fiscalía Superior de Cataluña para que ordene a los responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra intervenir "los efectos del delito, ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".
Una salida "complicada" a la crisis de Estado
En este sentido, Murillo ha explicado que las urnas y las papeles para la celebración de la consulta soberanista "son absolutamente ilegales" y, por lo tanto, "serán los órganos jurisdiccionales, los jueces y los fiscales, los que darán orden, normalmente, a la Policía judicial, para que lleve a cabo la incautación". Lo mimo sucede con la cesión del padrón municipal por parte de los Ayuntamientos para la creación de un censo electoral. "Puede haber estos dos tipos de sanciones: una por parte del Tribunal Constitucional y otra por la parte de la vía jurisdiccional penal ordinaria", ha añadido el profesor de Derecho Constitucional.
Así, el Gobierno español, a través de los órganos judiciales, parece dispuesto a acabar con cualquier posibilidad de celebración del referéndum. En este sentido, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó este viernes dos querellas: una contra los miembros de la Mesa del Parlament y la otra contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, así como los 12 consejeros de su Gobierno, por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre.
Para Murillo, la "salida" ahora es "bastante complicada". No obstante, considera que "una solución racional" podría ser convocar unas "nuevas elecciones" e intentar llevar a cabo un proceso, "porque esto es algo que está enconado, que es una realidad histórica y que habrá que buscar una solución". "El propio Tribunal Constitucional reconocía, en su sentencia 259 del 2015, la posibilidad que tenía la Comunidad Autónoma de Cataluña de plantear una reforma constitucional donde se pudiera recoger el derecho de secesión de las comunidades autónomas. Si lo hubiera hecho por esta vía, no nos encontraríamos en esta situación", ha incluido.
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