El Salvador: cuando las calificadoras de riesgo pasan de las finanzas a la "persecución política"

La compañía financiera estadounidense Standard & Poor's anunció este martes que rebajó la calificación crediticia de El Salvador a "impago selectivo" (SD, por sus siglas en inglés), tras la aprobación de una reforma a la ley de pensiones de ese país.

Hasta ese momento, S&P mantenía la calificación crediticia a largo plazo del país y la calificación a corto plazo en moneda local como "muy vulnerable a un incumplimiento de pago" ('CC', por sus siglas en inglés) y "extremadamente especulativa ('C', por sus siglas en inglés).

Para la empresa, el país centroamericano "incumplió selectivamente una emisión", pero seguirá al frente de sus obligaciones de pago en otras emisiones, informa France 24.

Por su parte, el presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez Cerén, subrayó que la reestructuración de la deuda por concepto de pensiones no es un decisión unilateral del poder ejecutivo, como ha sostenido la mencionada calificadora de riesgos, recoge El Mundo.

Voceros oficiales han señalado que la reforma de pensiones y reestructuración de la deuda previsional "ha permitido eliminar el riesgo político y de impago", lo que se ve reflejado "en un alza de precios de los bonos en los mercados internacionales", además de la "protección de los recursos de los trabajadores".

Según ahonda la Secretaría Técnica y de Planificación, la reforma legal "fue producto de un acuerdo entre los representantes de tenedores y acreedores, con la participación de las administradoras de fondos de pensiones", de carácter privado. Con ello, además, el riesgo país ha disminuido por la mejora de las perspectivas crediticias.

El Estado siempre paga

Consultado por RT, el diputado Gustavo Acosta, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), resalta que la decisión de la calificadora estadounidense ocurre en medio de un proceso de modificación de la ley de pensiones en El Salvador, que había privatizado el acceso de los jubilados a sus beneficios.

El aún vigente sistema de pensiones, en manos privadas desde 1996 y puesto en marcha dos años después, es catalogado por Acosta como un "robo" a los trabajadores, debido a que las administradoras de pensiones les cobraban a sus afiiados, pero era el Estado quien debía responderles.

Cuando el FMLN llegó al poder, en 2009, se habían terminado “las reservas que había en el país", por lo que hubo que crear un Fideicomiso de Operaciones Previsionales (FOP), que autorizaba al Estado a "prestar dinero" para pagar a los jubilados desde 2006 hasta la fecha. La medida, sin embargo, creó un hueco fiscal que hizo que El Salvador cayera en "impago selectivo" en abril de este año, según reseña El Mundo.

"No pudimos cumplir con las obligaciones que teníamos con el sistema financiero internacional, con la deuda que se venía acumulando en 10 años", afirma el diputado salvadoreño.

Créditos sobre créditos

Los préstamos se pagaban con más préstamos y "hace dos años, la derecha decidió ahogar económicamenteal Gobierno: una de sus principales medidas fue dejar de autorizar la emisión de bonos para poder pagar los créditos".

Acosta expone que la estrategia del partido opositor, Arena, era agotar todos los mecanismos. Si los endeudamientos se aprobaban en la asamblea, acudían a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia "para decretar la inconstitucionalidad de la emisión de títulos".

En abril de este año, 900 millones de dólares en títulos, aprobados en el parlamento,  no se pudieron emitir porque "la sala constitutucional lo declaró como inconstitucional". En consecuencia, el país cayó en "default selectivo", recuenta el diputado.

Reestructuración de la deuda

Acosta explica que se reestructuró la deuda previsional "en condiciones financieras más favorables", acordes a las capacidades del Estado, y hace notar que S&P "está vinculada a los partidos de derecha internacional que han estado en el juego de buscar que el país caiga en impago".

"Técnicamente no caímos en impago, porque los pagos no se han vencido", pues el lapso es de 30 años, afirma el parlamentario del FMLN.

Este 4 de octubre se vence el plazo para pagar uno de estos préstamos, recuerda Acosta, y si el Estado no hacía la reforma a la ley de pensiones, la perspectiva cierta era el impago. La modificación se logró después de un año de trabajo entre los 31 diputados del FMLN y 53 de los partidos de oposición.

El Salvador no es la única nación que denuncia tensas relaciones con las calificadoras de riesgo y presiones de diversa índole para llevarla al incumplimiento de sus obligaciones financieras. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha afirmado igualmente que su país es víctima de la banca y las calificadoras de riesgo estadounidense, que "han perseguido a Venezuela para que se declare en default y así justificar una intervención, recoge Telesur.

Nathali Gómez