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Argentina espera condena a 54 represores de la dictadura: ¿qué pasará con los 'vuelos de la muerte'?

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La Justicia local juzga crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de torturas y asesinatos.
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Este miércoles se dará a conocer la condena a 54 represores de la última dictadura cívico-militar argentina, enmarcada en una causa judicial que juzga desde hace cinco años los crímenes de lesa humanidad —que no prescriben— cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante ese Gobierno de facto. 

El veredicto saldrá a la luz a primeras horas de la tarde, informa el Centro de Información Judicial (CIJ), en un juicio donde se investigan 789 hechos delictivos. Así las cosas, los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, comunicarán la resolución. Para llegar a la conclusión final, declararon más de 800 testigos.

Entre los acusados, se destacan los nombres de Jorge Eduardo el 'Tigre' Acosta, Alfredo Astiz y Julio Alberto Poch. A su vez, cabe mencionar que el momento de la sentencia será transmitido por CIJ TV, el canal de la agencia de noticias del Poder Judicial argentino. 

ESMA: el campo de concentración local

El antiguo edificio de la ESMA es un importante símbolo de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983 en este país sudamericano, durante el autodenominado 'Proceso de Reorganización Nacional'. Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y muerte más importantes de la época. Una de sus macabras características es que allí funcionaba una sala clandestina de maternidad, donde nacieron al menos 34 niños de mujeres detenidas y desaparecidas, dando lugar al robo sistemático de bebés. 

En 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el edificio, pero los secuestrados habían sido trasladados a una isla de Tigre (provincia de Buenos Aires). A su vez, los militares realizaron reformas edilicias para ocultar evidencias sobre las denuncias realizadas por sobrevivientes. 

Con el regreso de la democracia, bajo el mandato del expresidente Raúl Afolnsín, comenzó el juicio a las juntas militares, celebrado por gran parte de la sociedad argentina. Bajo aquel litigio fueron condenados, entre otros criminales, el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, y el comandante en jefe de la Armada, Emilio Massera, quien dirigía la ESMA.

Sin embargo, las presiones y otras tensiones entre las cúpulas del poder se terminaron imponiendo y el Congreso sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 1987 y 1989, respectivamente, que garantizaban inmunidad para muchos de los acusados.

Bajo el Gobierno de Carlos Menem comenzaron los indultos a estos militares, repudiados por gran parte de la población local. En 1998, el entonces mandatario propuso demoler el edificio para cambiar su ubicación y colocar allí un monumento que evocara la 'unión nacional', pretendiendo una polémica reconciliación. Esto no se concretó.

En 2003, bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, se derogaron las leyes del perdón y desde entonces continuaron los juicios contra los recordados militares. Jorge Julio López, quien fue desaparecido por los dictadores, declaró en 2006 ante la Justicia como víctima del terrorismo de Estado, en otra causa donde se condenó al represor Miguel Etchecolatz. El 18 de septiembre de ese año volvió a desaparecer tras aportar su testimonio, en democracia, y nunca más se volvió a saber de él.

Así las cosas, el 20 de noviembre de 2007 se firmó un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la nación para crear el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el mismo lugar donde funcionaba el centro clandestino. Actualmente, allí se desarrollan actividades culturales y visitas guiadas al predio. 

"Bajas expectativas"

Miriam Lewin es una reconocida periodista de investigación en Argentina y, también, sobreviviente de la ESMA. Investigó los llamados 'vuelos de la muerte', donde los detenidos por la dictadura eran arrojados al mar, y lo plasmó en su libro 'Skyvan: Aviones, pilotos y archivos secretos'. Consultada por RT, afirma que tiene "bajas expectativas" sobre la sentencia del 29 de noviembre. 

De hecho, hay rumores de que muchos de los acusados recibirán condenas leves, aunque eso solo podrá saberse cuando se emita el veredicto. "El cambio de signo político sin dudas que influye en la Justicia", opina Lewin, haciendo alusión al Gobierno de Mauricio Macri. 

La reportera también teme que absuelvan a dos de los tres pilotos acusados en la causa —el restante murió—, y destaca que las pruebas para condenarlos son contundentes: "A bordo del avión Skyvan, usado en los 'vuelos de la muerte' y que todavía presta servicios privados de mensajería, aparecen las planillas que involucran a los tres pilotos del vuelo del 14 de diciembre de 1977. Indiscutiblemente, fue cuando se llevó a las monjas francesas y a las integrantes del cuerpo fundador de Madres de Plaza de Mayo. Poco tiempo después, esos cuerpos fueron recibidos en las costas de General Lavalle, provincia de Buenos Aires". 

Además, resalta Miriam, estos uniformados también estaban implicados en los traslados de argentinos detenidos en Uruguay y llevados hacia la ESMA, en el marco del Plan Cóndor, cuando diversas dictaduras gobernaron la región. "Había 14 pilotos habilitados para volar los Skyvans; se juzga a tres, por lo menos quedan 11 por imputar, ¿no?", repasa. Por lo pronto, los pilotos que recibirán una sentencia serán Mario Daniel Arru, ex aviador de Aerolíneas Argentinas, y Alejandro D'Agostino, un veterano retirado que "había vuelto a la actividad en la Prefectura Naval Argentina (PNA)" .  

Mientras menciona más evidencias de los aparentes actores de estos crímenes, Lewin subraya que "no existen otros testigos de ello porque no hay sobrevivientes de los vuelos de la muerte". Por último, aclara: "Ya tuvimos 20 años de impunidad, donde los sobrevivientes soportamos encontrarnos en las calles con nuestros represores". Ahora, las víctimas esperan que esta historia no se repita.

La coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, Luz Palmás Zaldua, afirma que estos procesos ratifican que hubo un plan sistemático de exterminio de la oposición de Estado en Argentina.

  

Leandro Lutzky

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