Las claves de las elecciones en México VI: Narcotráfico y crimen organizado

El narcotráfico en México por las enormes cantidades de dinero que mueve ha pasado en las últimas dos décadas de ser un actor regional y clandestino a uno francamente nacional y de carácter público. La organización Global Financial Integrity asegura que más de 50.000 millones de dólares en fondos ilícitos fluyen en México anualmente. El narcotráfico ha rivalizado con el Estado mexicano por el monopolio de la violencia y en algunos puntos geográficos ellos ejercen el control. Extendió su radio de acción y en los últimos años no solo se dedica a la producción y tráfico de drogas, también participa de otros rubros ilegales que le generan importantes recursos: el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, el robo de hidrocarburos, etc. Estos crímenes requieren para ser exitosos de un amplio control territorial, por lo que la disputa por los espacios geográficos se volvió más crucial y encarnizada.

Desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) empezó a perder municipios y regiones de manera constante en la década de los noventa, el poder del narcotráfico comenzó a fragmentarse regionalmente. A los cuatro cárteles históricos (Sinaloa, Juárez, Tijuana y Golfo) se sumó en el sexenio de Fox el de la Familia Michoacana. Pero fue en el sexenio de Felipe Calderón donde hubo un boom de células delictivas y los cárteles mayores eran socios, con más de 88 grupos delictivos operando de manera sectorizada. El cártel tiene una red nacional, pero las células funcionan como las que verdaderamente detentan el poder a un nivel local. Muchas veces se ha argumentado que la razón para este aumento exponencial es que las redes de protección desarrolladas bajo el priismo quedaron obsoletas, y en cada elección inicia un nuevo proceso de reafirmación del poder ante otros grupos y de renegociación con las nuevas autoridades. La alternancia política también ha significado un reacomodo de los grupos delictivos.

Esos grupos ya no solo optan por la cooptación del poder regional, sino a detentarlo ellos mismos. Los casos más sonados son los de los exgobernadores de Tamaulipas: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos del PRI, quienes han sido acusados por la DEA de tener nexos con Los Zetas. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo por el PRI, cumplió una sentencia en EE.UU. y ahora otra en México por haber colaborado con Amado Carrillo, el 'Señor de los Cielos' y líder del Cártel de Juárez. Jesús Reyna, exgobernador de Michoacán y miembro del PRI, hoy se encuentra arraigado por haber protegido a los Caballeros Templarios.

Desgraciadamente, el PRI no está solo en esto. Joaquín 'El Chapo' Guzmán escapó de la cárcel en el sexenio de Vicente Fox y nunca fue detenido por Felipe Calderón, lo que aunado a la aprehensión de sus rivales y competidores forjó la impresión que existía un pacto entre los gobiernos panistas y el líder del Cártel de Sinaloa. En Jalisco, bastión histórico de la derecha y el panismo, es donde se asentaron los narcos y se hicieron empresarios para poder lavar su dinero. Edgardo Buscaglia (Universidad de Columbia) ha señalado a Guadalajara como cuna del 'Pacto de Impunidad', ya que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha sancionado a una gran cantidad de empresas y establecimientos comerciales por lavado de dinero. Un caso reciente son algunas empresas ligadas al futbolista Rafael Márquez, quien jugó en el Barcelona. Algo similar está pasando en Guanajuato, otro bastión panista donde se han refugiado integrantes de La Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios. También por parte del PAN, la diputada Lucero Sánchez fue grabada visitando a 'El Chapo' Guzmán, por lo que fue detenida.

La izquierda ha tenido también a sus personajes ligados al narcotráfico, especialmente en Guerrero, importante lugar de cultivo de amapola. Erick Ramírez, exalcalde de Cocula, y José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, ambos por el PRD, han sido detenidos por sus relación con el grupo Guerreros Unidos y con el Cártel de los Beltrán Leyva. Abarca, además, es considerado uno de los autores intelectuales del asesinato de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014. El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a pesar de apenas haber nacido en 2015 como institución política, ya se enfrenta a este mal con los señalamientos que se han hecho de uno de sus delegados en la Ciudad de México, en Tláhuac.

Javier Buenrostro

Pero no solo es la fragmentación de los grupos criminales lo que ha traído más violencia. Así como el narco ha usado a la política para sus propios fines, también los políticos han usado la violencia actual para tratar de desestabilizar y minar a sus adversarios. En un excelente artículo titulado 'Federalismo, drogas y violencia' (2016), los politólogos Guillermo Trejo (Universidad de Notre Dame) y Sandra Ley (CIDE) afirman que además de las complicaciones normales de coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local) la evidencia recabada (2007-2012) muestra que las diferencias políticas tuvieron un impacto directo en el nivel de violencia regional debido a una omisión deliberada del Gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón.

El estudio que realizaron muestra que en los municipios que gobernaba la oposición la violencia entre cárteles fue 56.3% mayor a donde había afinidad partidista. No solo eso, si separa a la oposición entre PRI y PRD (su principal adversario político y electoral), en los estados gobernados por el PRI la violencia aumentó un 31.8% mientras que en los gobernados por la oposición de izquierda hubo un aumento de 162.4%. Sandra Ley y Guillermo Trejo sugieren en base a evidencia cualitativa y cuantitativa que no se puede argumentar solamente la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, sino que hubo un abandono estratégico de parte del Gobierno de Calderón a los municipios gobernados por la oposición. Es curioso como el Partido Encuentro Social (PES) resume en un anuncio algo similar en relación con el establecimiento de mando único en las tareas de seguridad. En resumen, las autoridades federales del PAN realizaron intervenciones efectivas en los estados gobernados por miembros de su partido mientras que pudieron vulnerar de manera consciente a alcaldes y municipios de oposición, contribuyendo a la violencia para poder mermar su legitimidad y capital político.

Las claves de las elecciones en México V: La casa nunca pierde; el proceso electoral y sus jueces

Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda y puntero en las encuestas, habló de establecer una amnistía, aunque no explicó con detalle en qué consistiría. Los detractores de siempre afirmaron, sin elementos, que se trataba de un perdón por adelantado a los cabezas del narco causantes de los miles de asesinatos que vive el país. Otras voces, como la de Fernando Escalante (El Colegio de México) o de Froylán Enciso (CIDE), consideraron que una amnistía a delitos menores, como posesión o transporte, podría significar algo digno de discutir ampliamente en el detalle, ya que significaba un cambio en las políticas de seguridad así como avanzar en la despenalización de la marihuana, aunque descartaron por completo un indulgencia general a la violencia y a los asesinos del crimen organizado. Amnistía no es impunidad.

La realidad económica y política de México se impone. Hoy, las políticas de seguridad pasan por la relación con el narcotráfico y el actual esquema, con 250.000 muertos en doce años, muestra su fracaso rotundo. Los candidatos deberán hacer planteamientos concretos y no voltear irresponsablemente hacia otro lado pretendiendo que no pasa nada, ni tampoco permitirse ocurrencias o salidas superficiales. El problema es grave y es real, y esto debería debatirse y analizarse en cada una de las propuestas electorales.