Ecuatorianos piden al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar a Chevron por soborno a testigo
Comunidades indígenas de la selva ecuatoriana enviaron al Departamento de Justicia de EE.UU. presuntas evidencias de soborno y fraude por parte de Chevron en el juicio por contaminación en Ecuador, en el que el juez Lewis A. Kaplan falló a favor del gigante petrolero.
Los denunciantes señalan que en ese juicio testificó el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, a quien la compañía le pagó 2 millones de dólares a fin de testificar a su favor.
Kaplan emitió un fallo en el 2014, ratificado en el 2016 por una corte de apelaciones de Nueva York, en el que rechazó el dictamen de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador, emitido en el 2011, en el cual se obligaba a la petrolera a pagar un monto de 9,5 millones de dólares —que se duplicaría si la empresa no pedía disculpas públicas a los afectados— en reparación de daño ambiental. El juez neoyorquino dijo que en ese juicio en territorio ecuatoriano fue presentada "evidencia fraudulenta" y por ende eximió a la compañía de pagar.
El juicio que estuvo a cargo de Kaplan se realizó mediante la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales (RICO, por sus siglas en inglés), herramienta a la que acudió Chevron, luego de obtener el dictamen en contra en Ecuador.
Las comunidades indígenas afectadas; Steven Donziger, abogado que participa en la causa desde hace más de dos décadas; y Patricio Salazar, abogado en Ecuador, han señalado que Kaplan basó su dictamen en testimonios fabricados por Chevron. Por ello exigen que el Departamento de Justicia inicie una investigación criminal sobre Chevron y el bufete de abogados de la compañía en Nueva York, reseñó Alternet.
"Como abogado de las comunidades afectadas, hemos presentado evidencia creíble que sugiere que Chevron presentó falso testimonio ante un tribunal federal de los EE.UU. para socavar la sentencia de Ecuador contra la compañía", dijo Salazar.
Largo litigio
Esta es la última medida que se toma en este caso legal, que se ha extendido desde 1993, año en el que fue presentada la demanda contra Texaco, adquirida por Chevron en el 2000. La empresa ha sido acusada de contaminación ambiental, afectación a la salud y modo de vida ancestral de comunidades indígenas debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, expulsando gran cantidad de desechos tóxicos en las zonas entre 1964 y 1990. El área de influencia de la compañía fue en Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
En 1996 la compañía firmó un acuerdo con el Gobierno de Ecuador, con el objeto de "reparación ambiental". Se hicieron algunos trabajos, pero las comunidades los consideraron un fraude.