La Guardia Civil eleva a dos millones de euros la malversación del Gobierno de Cataluña por el 1-O

Tras levantarse el secreto de sumario sobre la presunta malversación de fondos públicos que habría permitido organizar el referéndum ilegal que el Gobierno de Cataluña celebró el 1 de octubre de 2017, se ha conocido que un informe que la Guardia Civil remitió al juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo de España elevó a alrededor de 1,9 millones de euros la cifra que el Ejecutivo de Carles Puigdemont habría desviado para poner en marcha esa iniciativa.

En ese documento, el instituto armado español también aseguró que 61.879 de esos euros se canalizaron a través de la organización civil Ónmium Cultural cuyo presidente, Jordi Cuixart, se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre. Con esa cantidad, se habría impreso cartelería propagandística para llamar a la población a participar en el 1-O.

Parte de los importes supuestamente desviados se habrían empleado de la siguiente manera:

• 502.639 euros para publicidad en los medios.
  
  
• 979.661 euros por servicios postales de la compañía Unipost, aunque la Guardia Civil indica que esta partida no consta como abonada.
  
  
• 61.879 euros por la impresión y reparto de carteles, encargados a Ómnium Cultural.
  
  
• 217.656 euros destinados en el traslado y alojamiento de observadores internacionales. La Guardia Civil también desconoce si se abortó en su totalidad.
  
  
• 17.690 euros que el grupo parlamentario JuntsxSí gastó en el acto de presentación del 1-0 que celebró el 4 de julio de 2017.
  
  
• 152.578 euros en material electoral.

Aclaraciones del Ministro de Hacienda

Estos datos se han conocido después de que Pablo Llarena reclamase al ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, que aclarase sus declaraciones durante una entrevista que el periódico El Mundo difundió el pasado 16 de abril, en las que aseguró que no se había utilizado dinero público para financiar ese referéndum.

El 18 de abril, el Ministerio de Hacienda de España publicó un comunicado en el que no confirmó ni desmintió las palabras de Montoro y valoró "positivamente" el requerimiento de Llarena, porque le da la oportunidad de aportar documentación "que hasta ahora no se había solicitado".

Ese organismo español también afirmó que el control presupuestario que ejerce el Gobierno de España "ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".