¿La extradición de Santrich pone en vilo el Acuerdo de Paz en Colombia?

El limbo jurídico en el que se encontraba el exguerrillero Jesús Santrich ha sido despejado este miércoles por la Corte Constitucional de Colombia, en medio de profundas controversias.

Su dictamen declaró "legal" la detención de Santrich, ejecutada el pasado 9 de abril, por la presunta participación del exinsurgente en delitos de narcotráfico. La aprehensión ocurrió mientras se procesaba una solicitud de extradición en su contra formulada por EE.UU., refiere El Tiempo.

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Ese hecho desató un conflicto con la desmovilizada guerrilla colombiana, ahora convertida en partido político con las mismas siglas, FARC, que considera que la captura puso el proceso de paz "en su punto más crítico" y amenaza con conducirlo a un "verdadero fracaso".

El punto clave de su reclamo es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado entre el gobierno y las FARC para procesar a los actores del conflicto armado, que culminó tras negociación de las partes el año pasado. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró hoy que es la Fiscalía, y no la JEP, la que debe encargarse del caso Santrich, porque el delito que se le imputa habría sido cometido, supuestamente, después de la firma del Acuerdo. ¿Constituye eso una violación de lo pactado en La Habana?

La discusión en el Congreso

La activista colombiana Andrea Salazar, quien integró el comité de la Presidencia para la reintegración de desmovilizados, explicó a RT que si una persona comete crímenes en una fecha posterior a la firma del Acuerdo, "perdería todos los beneficios jurídicos" de la JEP y "debería ser procesado por la justicia ordinaria".

El asunto, al menos en el caso de Santrich, es esclarecer la fecha en la que supuestamente participó en delitos de narcotráfico: si fue antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. El proyecto de ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial, que se debatió este miércoles en el Senado, tenía previstos mecanismos para que la JEP pudiera considerar pruebas que sirvieran para determinar la fecha de comisión de delitos.

No obstante, el uribismo –partidarios del expresidente Álvaro Uribe– se impuso hoy con su mayoría parlamentaria en el Senado y logró una modificación, que le impide a la JEP decretar la calificación de las pruebas en un proceso de extradición "ni pronunciarse sobre el fondo del asunto", detalla El Espectador.

Duda constitucional

Casi inmediatamente después de que el Senado aprobara esa modificación, el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuestionó lo aprobado por la mayoría uribista, por considerar que hay "una seria duda constitucional".

"Vamos a ver qué pasa en la conciliación (que se hará en la madrugada de este jueves), y luego veremos qué pasa en la Corte Constitucional", dijo Santos, citado por El Tiempo. Asimismo, recordó que la Corte Constitucional emitió un fallo que impide "aprobar reformas que vayan a contrapelo de los acuerdos" durante tres períodos.

Esta semana, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (ONU) emitió un comunicado para pedir "a las fuerzas políticas" remover los "obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz" cumpla "con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas". Ese pronunciamiento fue rechazado por el uribista Centro Democrático (CD), partido del presidente electo Iván Duque, opositor a la gestión de Santos y principal impulsor de las reformas jurídicas al acuerdo.

El pasado martes, el uribismo aseguró que las propuestas de su bancada en el Senado "no sólo enmiendan errores (del Acuerdo de Paz) sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos", refiere el portal La Fm. Hoy han sido aprobadas y sólo esperan el proceso de conciliación.

Aunque esa legislación no se limitaría a decidir sobre el caso Santrich, el proceso del exguerrillero podría convertirse en el punto definitivo para probar la fortaleza o debilidad del Acuerdo de Paz en Colombia, así como la viabilidad de la JEP tras la llegada de un nuevo gobierno a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, que como antesala ha declarado su intención de modificarla.

Nazareth Balbás