ONU solicita al Gobierno mexicano que retire a militares de las calles
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) solicitó al Gobierno mexicano que retirara “en el corto plazo” a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.
La petición fue hecha a raíz de numerosas denuncias de desapariciones forzadas, crímenes con los cuales los expertos vinculan al Ejército mexicano. La ONU manifestó que desde que las fuerzas armadas comenzaron a patrullar las calles los casos de secuestros aumentaron considerablemente.
Los integrantes del grupo de trabajo estos días han visitado Ciudad de México, Chihuahua y Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo (Guerrero) y Saltillo (Coahuila). Tras la revisión detectaron que en esas zonas “no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”. Además, señalaron que no existe una coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para atender este delito lo que, según afirmaron, contribuye a la impunidad.
En su informe el grupo de trabajo señala que el personal militar no está entrenado para realizar las actividades que efectúa la Policía, por lo tanto, “los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados”.
El Gobierno del presidente Felipe Calderón se vio obligado a recurrir a las fuerzas armadas frente a una escalada de violencia causada por el crimen organizado. Lo que se inició como una medida de prevención terminó causando aún más temor entre la población. En respuesta a la recomendación de la ONU, las autoridades prometieron “examinar” con minuciosidad las observaciones de los expertos.
Los representantes del organismo internacional precisaron que la solicitud de retiro del Ejército en el “corto plazo” supone que éste debe darse de manera ordenada para que la Policía pueda garantizar la seguridad en las zonas donde habían sido desplegados los militares.
Según informaron diversos grupos civiles, desde el año 2006 se han registrado 3.000 casos de desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, indica que el número de quejas por violaciones a los derechos humanos se ha elevado de 182, en 2006, a 1.230 en 2008.
El grupo de trabajo de la ONU señaló que entre la población vulnerable a este crimen se encuentran mujeres, menores, inmigrantes, periodistas, y defensores de los derechos humanos.