Polémica en Guatemala en torno a la adopción ilegal de niños por estadounidenses
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitó públicamente a la senadora estadounidense Mary Landrieu una explicación por sus declaraciones polémicas sobre adopciones ilegales de niños guatemaltecos por ciudadanos de EE. UU.
La congresista por el estado de Luisiana manifestó desacuerdo con un estudio dedicado a estructuras criminales que practican adopciones ilegales en ese país centroamericano. La investigación revelaba casos de robos y fraudes. Se detectó que más del 60% de los procesos de adopción contenían irregularidades tales como compraventa de menores, amenaza y engaño a madres biológicas y falsificación de documentos.
La representante criticó el documento durante un viaje al país centroamericano realizado la semana pasada y dijo que no compartía todas sus conclusiones. Las refutaciones de la senadora al respecto causaron indignación en la sociedad latina.
Según Norma Cruz, directora de la fundación Sobrevivientes, en torno a las adopciones se han creado verdaderas estructuras criminales. Según ella, se trata de redes transnacionales “en donde participan tanto las redes nacionales, las redes locales como también las redes que se han creado a través de las agencias de adopciones en Estados Unidos”. Afirma que entre 1997 y 2007 unos 26.203 niños salieron de Guatemala con destino a EE. UU. Se calcula que en un niño una red de este tipo gana alrededor de 20.000 dólares. “Las sumas de dinero que se mueven en este mercado de niños y niñas para las adopciones internacionales son bastante grandes y es una red de carácter transnacional porque no sólo son las personas a nivel local sino que también las contrapartes, en este caso, con EE. UU.”
En este momento se está llevando el caso de tres niñas menores de edad, cuyo secuestro fue probado. “Hemos logrado demostrar que las identidades sean falsas, los registros de inscripción en el registro civil falsos, los pasaportes con una identidad falsa. Sin embargo, por el hecho de que ya hoy por hoy ellas son ciudadanas norteamericanas, EE. UU. se ha negado a que estas niñas fueran retornadas a Guatemala, incluso ni siquiera han aceptado que se haga una prueba de ADN para poder tener pruebas científicas que fundamenten con mayor fuerza que la identidad de las niñas es la de las niñas que estamos buscando”, cuenta Cruz.
“Creemos que tanto los padres tienen derecho de recuperar a sus pequeñas como las pequeñas de estar con sus padres biológicos y de saber realmente qué es lo que pasó con ellos, que sepan que no fue que no los quisieron, que no los amaron, que no fue porque los vendieron sino porque fueron víctimas de un hecho delictivo”, concluye la activista.