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El Parlamento Europeo pide a España que ilegalice la Fundación Francisco Franco

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La resolución insta a los estados miembros a prohibir los grupos neofascistas y neonazis "y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y al fascismo".
El Parlamento Europeo pide a España que ilegalice la Fundación Francisco Franco

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución sobre la violencia neofascista en Europa en la que pide a las autoridades españolas que supriman "de manera efectiva todos los símbolos o monumentos que exalten el levantamiento militar, la guerra civil y la dictadura de Franco". La iniciativa contó con 355 votos a favor frente a 90 en contra y 39 abstenciones.

Además, tal como indica la nota informativa que el propio Europarlamento ha difundido al respecto, se ha instado a los Estados miembros a "luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos" y a "prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo". 

La resolución afecta directamente a la Fundación Francisco Franco, una institución de carácter privado que exalta y promueve la memoria del dictador y en cuyo seno afirman que Franco "no solo merece tener a su nombre una fundación que defienda su inmensa obra política, económica y social, sino que merece una plaza o avenida en cada ciudad y pueblo". 

En sintonía con el espíritu de la nueva resolución, la iniciativa aprobada por el Congreso de los Diputados de España de trasladar los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos ha sido acogida "con satisfacción" por el Europarlamento, que también indica que aquellos monumentos que no puedan ser retirados, deben "ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, de modo que puedan contribuir a la concienciación pública y a la memoria histórica".

La Eurocámara también ha dejado patente su preocupación por la "connivencia" entre "líderes y partidos políticos y fuerzas policiales con neofascistas y neonazis en algunos Estados miembros", frente a lo que propone condenar y sancionar "con dureza" los delitos de odio o de incitación al odio, así como la "búsqueda de chivos expiatorios por parte de políticos y funcionarios públicos", al considerar que esas actitudes normalizan y alientan el odio y la violencia. 

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