La decisión del Parlamento español de quitar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un monumento histórico inaugurado por el propio dirigente fascista en 1959, volvió a demostrar que muchas heridas de la Guerra Civil (1936 - 1939) y el régimen posterior todavía no cicatrizaron. Finalmente, la Administración de Pedro Sánchez, quien preside el país liderando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), logró los consensos necesarios y la exhumación del militar podría concretarse en los próximos meses, aunque sus familiares plantean frenos ante el Tribunal Supremo, organismo que puede dilatar o incluso suspender la medida.
Aquella determinación política no pasó desapercibida en España. Si bien es cierto que quienes recuerdan con nostalgia los años del franquismo son una minoría, la noticia de que el cuerpo de Franco sería removido del mausoleo despertó todo tipo de reacciones, a favor y en contra, que se vieron reflejadas en medios de comunicación tradicionales, redes sociales y también en la calle. Sin ir más lejos, el pasado 20 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del dictador y cientos de españoles se manifestaron para honrar su memoria.
Al día de hoy, si en Alemania suena imposible imaginar la existencia de una edificación que enaltezca la imagen de Adolf Hitler, en España no parece haber un consenso generalizado que determine si se debe quitar al antiguo dictador de su tumba. Mientras tanto, el monumento que él mismo ordenó construir para recordar a los muertos del conflicto bélico interno alberga los restos de víctimas y victimarios: se estima que desde su inauguración hasta 1983 fueron trasladados cerca de 30.000 cuerpos y muchos de ellos no fueron identificados, además de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española —partido de corte fascista—, que reposa junto a la de Franco.
Actualmente, dirigentes españoles o personajes públicos en general se manifiestan sobre el asunto, y a muchos de ellos no les tiembla la voz para rememorar el nombre del dictador. Otros círculos políticos, como el Partido Popular (PP), no se oponen directamente a la exhumación del cadáver, pero sostienen que se trata de una maniobra del Gobierno para desviar la atención de otros temas más urgentes. Sin embargo, las consecuencias del franquismo no se limitaron solo a las fronteras españolas; muchas familias lograron escapar de aquella dictadura y se radicaron en distintas partes del mundo. Al otro lado del océano, desde Argentina, descendientes de republicanos todavía recuerdan a sus seres queridos asesinados en España y en su mayoría ven con buenos ojos que se quite a Franco del Valle de los Caídos. No les parece ningún prócer.
"No es fácil saber qué debería hacerse con ese cadáver, creo que ningún culto. Es indignante que haya quienes defiendan hacerle un homenaje", opina Laura Puga. Su tío abuelo, Manuel Vázquez Moro, fue gobernador de Tenerife, la isla más grande de la comunidad de Canarias (España), pero sería difícil calificar su gestión: asumió el cargo en enero de 1936 y lo ejecutaron el 13 de octubre del mismo año. Meses antes, Franco había sido enviado para comandar las fuerzas militares de aquella región, mientras su imagen tomaba fuerza entre los aspirantes de la sublevación. Según el relato familiar, el líder militar habría tenido al menos dos reuniones con el gobernador para ofrecerle plegarse al golpe, pero obtuvo la negativa del político local. A su vez, antes de que se concrete el levantamiento armado, Moro había desarrollado sumarios y despedido a uniformados de la Guardia Civil implicados en casos de secuestro y tortura, sumando más enemigos en la isla.
Para concretar el asesinato del gobernador, Laura cuenta que lo detuvieron en el puerto, cuando intentaba dirigirse a la ciudad de Cádiz, pero lo dejaron preso en el Palacio de la Carta, donde funcionaba la Gobernación. Acto seguido, se produjeron dos juicios de dudosa legitimidad y Moro fue condenado a muerte. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, y sobre aquel lugar hoy funciona el Cementerio de Santa Lastenia: "Edificaron un patio, hay nichos con cadáveres recientes. Con lo cual, es una buena excusa para no levantar la fosa, donde hay muchísimos ejecutados durante el alzamiento".
A diferencia de Franco, quien tiene su propio monumento a la vista de todos, el nombre del político fusilado no figura ni siquiera en la casa de Gobierno, donde hay placas de casi todos los dirigentes que tuvo la isla. Lo mismo sucede en el cementerio, ultimando su memoria también en democracia: "No está en ningún lado, es como si no hubiera existido". Para la nieta, antes de exhumar a Franco "sería mejor empezar por dignificar a todos los que fueron arrojados a cunetas, fosas comunes, al mar o la Sima de Jinámar —un agujero volcánico en Canarias donde se estima que hay cientos de cadáveres—". Hoy, Laura sueña con que alguna calle de Tenerife lleve el nombre de Manuel Vázquez Moro, o al menos poder colocar una placa cerca de la fosa escondida.
Adriana Fernández es la nieta de Antonio Fernández González, "asesinado por La Falange cuando tenía 24 años". Al joven lo mataron el 9 de octubre de un convulsionado 1936; buscaban al alcalde del pueblo San Esteban de Valdueza, en la comunidad de Castilla y León. Enterado de la situación, Antonio fue a advertirle al político de los peligros que corría, pero los vieron juntos. El abuelo de Adriana fue depositado en una fosa de un paraje montañoso llamado La Cortea, ubicado en la localidad de Villanueva de Valdueza, dentro de la comarca de El Bierzo. "Ahí donde el pasto crece más alto y más verde, está enterrado tu papá", le comentaban los vecinos de la zona al padre de Adriana, quien pudo reconocer el sitio años más tarde. Así, con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el cuerpo fue exhumado el 9 de octubre del 2011, cuando se cumplían 75 años de su asesinato.
Hoy, Argentina es el único país del mundo que investiga los crímenes del franquismo, basado en el principio de jurisdicción universal por tratarse de delitos de lesa humanidad, que no prescriben. "Lamentablemente esto no pasa en el Estado español, cuya sociedad está a años luz de visualizar el genocidio que vivió. Ningún Gobierno se dedicó a investigar los crímenes, las causas se han archivado y luego de la destitución del juez Baltasar Garzón no quedó mucho por esperar tampoco", se lamenta Adriana. Por su parte, la entrevistada es una de las querellantes que presentaron los casos de sus familiares ante el juzgado local de la magistrada María Servini de Cubría en abril del 2010: "Ha librado exhortos y órdenes de extradición sobre 19 imputados, algunos de ellos torturadores con estrechos lazos con el Gobierno del Partido Popular", repasa. No obstante, aclara que "el Estado español rechazó las órdenes de detención y nunca investigó ni colaboró con la Justicia argentina".
Aunque es difícil obtener grandes resultados, Adriana confía en que algún día la nación europea cambiará su postura: "En Argentina también vivimos una etapa así, donde teníamos las leyes de la impunidad. Sin embargo, después se derogaron y pudieron hacerse los juicios a los dictadores en el país. Esperamos que en algún momento se hagan los juicios en España".
Con esta presentación, la posición de Adriana acerca de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos no es ninguna sorpresa: "Es algo que venimos esperando desde hace mucho tiempo, ya era una falta de respeto". Y continúa: "Es una tumba custodiada por la Iglesia, sostenida con fondos públicos, y jamás en todo el tiempo en que el PP estuvo en el Gobierno ha puesto un peso para la memoria histórica ni para exhumar fosas de republicanos. Sabemos que todavía hay unos 114.000 cuerpos en las cunetas que esperan ser exhumados, pero no alcanzan los medios porque el Estado no se hace cargo".
En esa línea, añade que "hay restos de republicanos que fueron quitados de las fosas y llevados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de las familias". Además, agrega que el mausoleo "fue construido con mano de obra esclava, de presos políticos". Haciendo una comparación con el proceso de memoria, verdad y justicia impulsado en la democracia argentina contra la dictadura local, manifiesta: "En Argentina los familiares de desaparecidos no permitirían que Videla esté enterrado en el mismo lugar que sus seres queridos, que fueron torturados y asesinados".
Asimismo, rechaza la idea de llevar los restos del dictador a la Catedral de la Almudena de Madrid y sostiene que "deberían ser enterrados en un lugar y en un contexto que no impliquen ningún tipo de enaltecimiento, porque ya lo tuvo bastante". Para terminar la entrevista, concluye: "De la misma manera que aquí las Abuelas de Plaza de Mayo buscan a sus nietos, nosotros, las nietas y nietos de republicanos, queremos saber qué pasó con nuestros abuelos. No buscamos venganza, buscamos justicia".
Gustavo Fernández milita en la agrupación García Lorca, llamada así para homenajear al famoso escritor español fusilado por las fuerzas franquistas un mes después del golpe de Estado. Su abuelo, Maximino Fernández Rodríguez, fue asesinado "en uno de los 'paseos' que hacía La Falange, donde se llevaban a referentes políticos o colaboradores del republicanismo". La muerte se produjo en 1936, "año en que Galicia sufrió la mayor cantidad de asesinatos porque había un foco ideológico importante". La decisión de matarlo no fue al azar; aquel español estaba vinculado a la actividad sindical en Renfe, una importante operadora ferroviaria, y junto con él le quitaron la vida a muchos compañeros de su gremio. El cadáver apareció tirado en la calle, con disparos de arma de fuego, y luego fue enterrado. Por esta muerte se abrió una causa penal, pero fue terminada rápidamente, sin culpables, y la fugaz o inexistente investigación giró en torno a una presunta trifulca callejera. Caso cerrado.
Su abuela quedó a cargo de la familia, con cinco hijos y menos ingresos que antes. La pobreza ya no se toleraba y la idea de migrar hacia Argentina cada vez sonaba mejor. "Primero vino ella con su hijo mayor y de a poco fueron trayendo al resto de los hermanos, hasta que se establecieron acá. La mayoría de ellos sigue militando la causa de la República, desde distintas instituciones de la colectividad española". No obstante, en 1976 se desataba un nuevo golpe de Estado en Argentina y los exiliados españoles parecían volver al pasado: "Todos los resabios que traían de allá se los tuvieron que guardar de vuelta, porque ya sabían lo que era una dictadura. Enterraron mucho más esa historia por miedo al futuro de sus hijos. De hecho, uno de mis primos tuvo que escaparse a España en el 78 por cuestiones ideológicas. El pasado estuvo mucho tiempo guardado".
En coincidencia con otros familiares consultados, Gustavo celebra que se remueva al dictador del mausoleo europeo: "La exhumación la vemos con mucha alegría y entusiasmo, porque evidentemente atrás de ese hecho puntual, hay una reivindicación de la memoria histórica y política de lo que fue la República". Su vigencia, opina el argentino, "es un insulto a la memoria y para España es un síntoma de atraso político y social". Y califica: "Franco es la figura de la injusticia, el genocidio y el sufrimiento del pueblo español del siglo pasado".
Sobre las manifestaciones a favor del franquismo en territorio europeo y el ascenso de movimientos extremistas en buena parte del planeta, apunta: "Esto le genera ímpetu a mucha gente con pensamiento fascista, que lo ha tenido siempre, pero le da aliento para manifestarse. Tiene que ver con los vientos que corren en Europa y los que también estamos sufriendo en Latinoamérica. Ya vivimos esta historia, sabemos cómo empieza y cómo termina".
En la ciudad playera de Mar del Plata, un importante destino turístico de la provincia de Buenos Aires, se encuentra el Centro Republicano Español, y sus miembros sostienen que es la organización más importante de la región que defiende los ideales de sus antepasados. Su tesorera, María Rita Gorosabel, comparte con este medio la curiosa historia de su padre, un argentino que batalló contra la dictadura europea a miles de kilómetros de su tierra natal. Alfonso Jacinto Gorosabel fue llevado a España a los ocho años por su familia, cuando cumplió 16 estalló la Guerra Civil. En el edificio donde residían, justo en el piso de abajo, vivía un militar franquista que les tenía aprecio.
"Dile a Alfonso que se escape porque lo vienen a buscar para fusilarlo", le habría advertido el golpista, que contaba con información de primera mano. "Mi padre decidió ir a combatir", se enorgullece María. Según comenta, "en la brigada era un soldado raso, no tenía ningún cargo militar". Así las cosas, por ese entonces la madre del pequeño Alfonso desconocía el paradero de su hijo: "Mi abuela por dos o tres años no supo nada de él. Lo buscó en distintos lugares, hasta en campos de concentración en Francia". Finalmente, cuando se logró localizar al joven, el Gobierno argentino solicitó su repatriación y a los 19 años arribó de vuelta en su país. Llegó "en un barco descalzo y de traje".
Sobre los restos de Franco, aquella mujer coincide en que deben ser removidos del monumento: "Eso costó mucha sangre republicana, además él no cayó en combate". Para terminar, opina sobre las minorías que reivindican al fascismo aún en el 2018: "Acá también encontrás grupitos que piden 'mano dura' y dicen que con los militares estábamos mejor, pero por suerte son pocos. Siempre hay gente a favor de la represión, porque piensan que van a reprimir solamente a los demás".
Los miembros del Centro Republicano Español dicen que tienen "una joyita": se llama Domingo Seijo Piferrer, "el último combatiente republicano vivo en la región", afirman. Tiene 98 años, llegó a la Argentina en enero de 1950 a bordo del barco Cabo de Bueno Esperanza. Antes de partir, durante la Guerra Civil, el barcelonés alcanzó a ser sargento, pero en 1938 la Falange lo tomó como prisionero. Según repasa el proyecto e-xiliad@s, subvencionado por la Dirección General de Migraciones de España, fue interrogado junto a sus compañeros y trasladado en camiones, "donde los exhibieron como trofeos de guerra". Luego fue enviado hacia una cárcel llamada el Convento de San Marcos, en el municipio de León, y más tarde lo llevaron a la ciudad de Avilés, comunidad de Asturias, y terminó en un campo de concentración conocido como la Vidriera. Tenía 18 años.
Décadas después, más vivo que nunca, Domingo opina que a Franco "tendrían que haberlo cremado hace mucho", y aunque no comprende muy bien la pregunta sobre su exhumación, atina a decir: "Luchamos contra el fascismo".
Leandro Lutzky