Austeridad y 'disciplina' fiscal: ¿Ecuador está en la vía rápida al conservadurismo económico?

En marzo próximo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para celebrar elecciones seccionales, donde elegirán 23 prefectos (gobernadores) y viceprefectos, 221 alcaldes, 1.305 concejales urbanos y rurales; y los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que evalúa a las autoridades de diferentes instituciones.

Pero en lugar del debate electoral, en el país priman otras discusiones. La primera gira en torno a la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que incrementó su precio en el mercado; y la otra, con bastante repercusión en los medios de comunicación locales, es la denuncia que ha hecho el Gobierno central sobre cinco grandes obras de la administración anterior, del expresidente Rafael Correa, con presuntos sobreprecios.

Los economistas ecuatorianos Pablo Lucio Paredes, Pablo Dávalos y Danilo Albán; así como el historiador y analista político Juan Paz y Miño, dan su punto de vista sobre estas y otras medidas y decisiones del Gobierno ecuatoriano en los últimos meses.

Combustibles, un anuncio en días de fiesta

El aumento de los combustibles se dio a conocer poco antes de Navidad, mediante el Decreto Ejecutivo 619 del presidente, Lenín Moreno, que entró en vigencia antes de las celebraciones de Fin de Año, durante un largo feriado por las tradicionales celebraciones de la fecha.

En concreto, el Gobierno quitó el subsidio que regía para las gasolinas 'extra' y 'ecopaís', las más usadas en Ecuador, que pasaron de costar 1,48 dólares el galón a 1,85, es decir, un incremento de 37 centavos de dólar.

Esta eliminación del subsidio se sumó a la ya hecha en agosto de 2018 a la gasolina 'súper', la de más alto octanaje, que pasó de costar entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98. Sin embargo, con el aumento de diciembre, este combustible volvió a tener un incremento hasta llegar a los 3,10 dólares.

Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, la eliminación del subsidio a las gasolinas 'extra' y 'ecopaís' permitirá un ahorro de 400 millones de dólares cada año; que se suman a los más de 100 millones de dólares ahorrados con la 'extra'.

¿Cuál es la situación económica actual de Ecuador?

De acuerdo con Paredes, hay tres problemas que tiene que resolver Ecuador en materia económica: déficit fiscal; que el país "se ha vuelto un país caro", con los salarios y costos de bienes y servicios más altos que en otros lugares; y el bajo crecimiento de la economía.

"No es fácil resolver los tres problemas al mismo tiempo, pero hay que hacerlo [...] Si bajas drásticamente el gasto fiscal, para poner orden en el punto uno, eso te afecta el crecimiento", explica.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal llegó a 3.332 millones de dólares al cierre de 2018, 3 % del Producto Interno Bruto (PIB); un 42,9 % menor al registrado en el 2017. El objetivo del Gobierno es ir "reduciéndolo 1.300 millones de dólares cada año hasta alcanzar un déficit fiscal global menor al 1 % del PIB para 2021", según se desprende del Plan Prosperidad 2018-2021 presentado por la administración de Moreno.

Por su parte, el crecimiento está estimado en 1 % para el año saliente y apenas 0,7 % para 2019 y 2020, según el Banco Mundial (BM), muy por debajo del 2,4 % alcanzado en 2017, de acuerdo a cifras del Banco Central de Ecuador (BCE).

Con la quita del subsidio a los combustibles "el Gobierno trata de solucionar el problema fiscal", pese a que "no es el principal problema de la economía ecuatoriana en este momento", dice Albán, quien explica que el mayor inconveniente es el "estancamiento económico", que se refleja en las cifras.

La eliminación de los subsidios a los combustibles se suma entonces a otras medidas que apuntan a la baja del déficit público, y que puso en marcha el Gobierno el año pasado, como la reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales, de 40 solo quedan 20; "delegación, fusión y optimización" de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador; y la eliminación de privilegios para altos funcionarios, como el retiro del personal de seguridad a algunos de ellos. También se incluye el recorte de recursos para educación, salud y cultura, entre otras áreas, en la Proforma Presupuestaria del Estado para 2019.

Medidas graduales

Las medidas que ha aplicado el Gobierno ecuatoriano en materia económica han sido graduales. Cuando se eliminó el subsidio a la gasolina 'súper' en agosto pasado, el entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, dijo que no revisarían el precio de la 'extra', aunque cuatro meses después se anunció lo contrario.

"El gradualismo es más fácil que hacerlo de golpe", dice Paredes, y señala que la administración de Moreno "es un Gobierno políticamente débil" que no ha logrado "convencer a la gente que durante los 2 años y medio que le queda va a seguir un camino para poner orden a las cosas".

Paz y Miño cree que "tomar las medidas de una sola vez tenía un riesgo político de reacción social"; por ello, dice que para el Gobierno es "mejor el gradualismo". Es consciente de que "vendrán más medidas similares", como "la flexibilidad laboral, que las élites empresariales del Ecuador claman y presionan".

Ganadores y perdedores por las medidas

Albán señala que dejar de subsidiar la gasolina "es un golpe duro para el bolsillo de la clase media ecuatoriana" porque implica gastar más en combustible y menos dinero en otras áreas como turismo, entretenimiento, lo que puede frenar la actividad económica.

Según el Gobierno, los subsidios beneficiaban especialmente a los consumidores de estratos sociales medios y bajos, y por lo que su supresión no afecta a los sectores populares. Sin embargo, Paz y Miño considera que esas ayudas sí repercutían positivamente en todos los estratos "con precios bajos".

Pablo Dávalos, economista y académico.

Dávalos explica que cuando se altera el precio de la energía, indefectiblemente se afecta la formación de precio: "con eso disminuyes la capacidad adquisitiva del salario", acota.

"El gobierno está provocando una crisis social fuerte por ahorrarse 40 millones de dólares al mes, nada más", que es lo que deja de subsidiar a estos combustibles, indica.

Dávalos y Paz y Miño recordaron que, contradictoriamente, a la par de estas medidas, con la 'Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal', conocida simplemente como 'Ley de Fomento Productivo', que entró en vigencia en agosto de 2018, el Gobierno "ha renunciado a cobrar 4.000 millones de dólares de evasión tributaria y a perseguir a quienes tienen más de 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales", dice el analista político.

Aunado a ello, exonera de impuesto a la renta, hasta por 20 años, a los inversionistas, "sin que hasta el momento se despierte la inversión privada", menciona Paz y Miño.

Para Dávalos, se trata de una política de doble rasero porque por un lado se apoya a los empresarios con exenciones tributarias, lo que hace que el Estado deje de "percibir millones por remisión de intereses, multas y recargos de deudas tributarias no pagadas"; y por otro se castiga a los usuarios que utilizan transporte, lo que provoca cambios en "todo el sistema de precios relativos de la economía".

La lucha contra la corrupción

A la par de las medidas económicas, el Gobierno ecuatoriano también mantiene un frente de "lucha contra la corrupción", como lo ha mencionado el propio Moreno en diversas oportunidades.

Como parte de esa estrategia, fue denunciado y procesado ante la Justicia local su primer vicepresidente, Jorge Glas, con quien ganó las elecciones en 2017. El funcionario fue sentenciado a 6 años de prisión ese mismo año, por encontrarlo culpable de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht.

A principios de enero de este año, se dio a conocer un nuevo escándalo. Cinco 'megaobras' del gobierno de Correa presentan —según denuncia la administración de Moreno— sobreprecios y fallas de infraestrucutra. Se trata de la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, el inicio de construcción de la Refinería del Pacífico, la terminal marítima Monteverde, el poliducto Pascuales-Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto.

El Gobierno, inicialmente, había informado que los estudios fueron realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se aclaró que los informes los elaboraron tres empresas internacionales ICC-Tecnatom de España, RPS Energy Ltd. de Reino Unido y ABSG Consulting Inc. de EE.UU., compañías a las que se le pagaron más de 3.000 millones de dólares, según ha denunciado a la prensa el jurista Augusto Tandazo.

Dávalos señala que no corresponde a empresas privadas auditar las obras, sino a "las instituciones de control aquí en el país", como la Contraloría General del Estado. 

Correa, por su parte, ha dicho que en los informes presentados por las empresas contratadas está "la justificación de los incrementos de montos en contratos", que el Gobierno ha presentado como "sobreprecios".

¿Acudir al FMI?

Según Paredes, el gobierno de Correa dejó un Estado "demasiado grande, que limitaba el crecimiento del sector privado".

Considera que la estrategia del Gobierno de Moreno, con las medidas que ha tomado en materia económica, permitirán "ir avanzando" sin el financiamiento externo de organismos multilaterales. Pero advierte que cuando esté cerca de no cumplir con los objetivos, podrá acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que es el que "puede dar el oxígeno" a la economía del país.

Señala que el problema de la estrategia actual de Moreno es que si en algún momento necesita al FMI, no podrá empezar a negociar de inmediato y "el fondo va a querer hacer ajustes más rápido de lo que el Gobierno quiere ir".

Dávalos, por el contrario, está convencido de que las medidas adoptadas por el Gobierno fueron diseñadas para "llegar al FMI" y están "cumpliendo los deberes previamente". Explica que la razón por la cual quieren ir a ese organismo "no es porque necesiten dinero" sino que buscan "legitimar la privatización" de las empresas públicas.

Destaca que durante la administración gubernamental anterior "se construyó mucha obra pública, en eléctricas, telefónicas, carreteras, en infraestructuras de salud y educación", activos por alrededor de 50.000 millones de dólares.

Indica que el Gobierno actual, aunque llegó al poder de la mano de la administración anterior, cambió "hacia los ejes neoliberales y empresariales y hay grupos que ven la oportunidad de participar en la privatización de la obra pública".

"Quieren llevarse todo eso a un precio muy reducido de su valor, a un precio de descuento, aprovechando la cuestión de la crisis, aprovechando la necesidad de financiamiento", sostiene Dávalos, quien considera que hacia eso apuntan esas denuncias de corrupción contra la administración anterior.

"Lo de la crisis no les está funcionando, están sin argumentos, ahora se inventan la transparencia, de que estas empresas tienen un montón de problemas y que por lo tanto, para transparentarlas hay que venderlas", explica.

"Clima de negocios"

"Los empresarios están haciendo política de la forma en que ellos saben: creando el 'clima de negocios', manipulando, mintiendo, exagerando, alterando las circunstancias, es lo que está viviendo Ecuador en este momento", dice Dávalos.

Juan Paz y Miño, historiador y analista político.

Paz y Miño, por su parte, menciona que un gobierno de "orientación empresarial", como el de Moreno, considera que el desarrollo, el crecimiento y el bienestar se sostienen en "la empresa privada y el mercado", aunque "toda la historia económica del Ecuador niega este mito".

Para el especialista, el problema es que esa concepción se impone "porque también América Latina, con gobiernos similares, ha retornado al conservadurismo económico y fomenta nuevamente el neoliberalismo".

"Vivimos un momento de reacción derechista en el cual se conjuga una clara tripleta económica: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado", dice el historiador.

Profundos cambios en el sector político

Después de la consulta popular y referéndum de febrero de 2017, se dieron profundos cambios en la institucionalidad ecuatoriana, principalmente por el nombramiento de un CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) transitorio, que modificó el resto de los organismos del Estado.

"Es evidente la desinstitucionalización en el Estado", explica Paz y Miño, quien dice que "Ecuador no tiene Corte Constitucional", tras recordar que el CPCCS transitorio "excedió sus funciones por sobre lo acordado" y destituyó a lo representantes de los principales órganos del país.

"Hoy contamos con fiscal, contralor y otros agentes de control, simplemente como encargados y no titulares", detalla el especialista, quien considera que "se ha intervenido en la justicia a través de reformar al Consejo Nacional de la Judicatura".

Según Paz y Miño, tanto los cambios políticos, como las medidas económicas y la lucha contra la corrupción, son condiciones para favorecer a "las antiguas fuerzas de derecha" en los próximos comicios seccionales, "ya que toda fuerza de izquierda o progresista ha sido históricamente anulada para la coyuntura".

El historiador advierte que hay un panorama de hegemonía derechista en el Estado y de hegemonía del alto empresariado en la economía, lo que a su juicio vaticina "un retorno a lo que Ecuador ya vivió en las décadas finales del siglo XX".

Pasividad en el pueblo

Cada vez que el Gobierno ha anunciado alguna medida económica se han realizado algunas manifestaciones puntuales. Las hubo en septiembre y octubre, tras la eliminación del subsidio a la gasolina 'súper' y la reducción del aparato estatal.

Luego en diciembre y a principios de enero, ciertos sectores sociales salieron a la calle para reclamar por el aumento de las gasolinas 'extra' y 'ecopaís'.

"Hay malestar, pero todavía no hay movilización social, pero eso no significa que no existirá a futuro, es muy probable que se dé. En el Ecuador, los procesos se van condensando y, en determinado momento, estallan", dice Dávalos.

Paz y Miño, por su parte, se declara "escéptico sobre las reacciones sociales", porque considera que tanto el movimiento obrero como el indígena llevan años de profunda crisis, "culpa de sus dirigentes y de su incomprensión de los nuevos ciclos históricos". Además, apunta que las izquierdas están divididas y golpeadas, en un contexto donde "la sociedad opera de modo distinto al pasado, con nuevas generaciones de por medio", donde "pesa más el interés individual sobre el colectivo".

Edgar Romero G.