Los españoles asisten atónitos a una de las mejores series de gánsteres por capítulos de toda la historia, solo que no se emite en ningún canal ni plataforma, se puede leer en los diarios. Es de verdad, aunque muchas veces no lo parezca y otras muchas los grandes medios de comunicación se comporten como si no lo fuera.
El último episodio de lo que amenaza con convertirse en un serial interminable y remover los cimientos de un país cada vez más erosionado fue desvelado por El Confidencial el pasado 10 de enero. Según esta información, el BBVA habría contratado los servicios del Comisario José Villarejo, el malvado de esta telerrealidad cada más tétrica y esperpéntica, para impedir que su presidente, Francisco González, fuera derribado de la presidencia por un movimiento hostil ejecutado por la empresa Sacyr. La cual, para más surrealismo, estaba manejada por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un gobierno intentando derrocar al presidente de un banco…
La contra-operación del BBVA, que costó 517.600 euros, supuso el espionaje de unos 4.000 números de teléfono y hasta 15.000 contactos telefónicos, entre los que se encuentran el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló (muy cercano a Juan Carlos I), el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y Miguel Sebastián, que era en aquellos momentos jefe de la Oficina Económica del Gobierno de España. No solo fueron espiadas personas, también bufetes jurídicos (Garrigues) y medios de comunicación (Hispanidad, El País, la Cadena Ser, Cinco Días e Intereconomía). Incluso, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llegó a estar intervenida en algún momento, aunque se desconoce si lo fue directamente.
La situación resulta tan escandalosa e incontrolable que si las grabaciones fueran transcritas ocuparían unos doce camiones de gran tonelaje. La historia de España, la más negra, folio a folio.
Aunque no se descarta ninguna teoría, los especialistas se inclinan por pensar que el ya excomisario obtuvo toda la información gracias a diferentes contactos en compañías telefónicas, bancos y la Agencia Tributaria. Estas sospechas apuntarían como filtrador al entonces responsable de seguridad en Telefónica, el comisario también jubilado Florencio San Agapito, que ocupó puestos en el ministerio de Interior en los tiempos de UCD y el PSOE y que en abril de 2007, fue detenido por una trama de corrupción urbanística en Marbella (caso Malaya).
Esta teoría se asienta, además, en una cuestión técnica muy importante: en la década pasada la tecnología para intervenir conversaciones entre particulares no era lo suficientemente desarrollada ni accesible (hoy se puede interceptar cualquier llamada con maletines "de fabricación israelí que solo cuestan 60.000 euros"). Aunque no se puede olvidar que en 2004, el comisario Villarejo trabajaba como agente encubierto de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) desde su reincorporación a la Policía en 1993.
En cualquier caso, se trata de un escándalo de tal magnitud que amenaza con arrollar la escasa credibilidad gubernamental que no ha colapsado frente a una ciudadanía cada vez más desilusionada y decepcionada. Porque lo peor del escándalo es que nadie puede asegurar que no se trate del último capítulo, pues el comisario Villarejo envió, solo un días antes de conocerse las sorprendentes grabaciones, una carta al presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, amenazando con difundir información tan explosiva que podría dinamitar su presidencia. Y no parece que se trate de una bravata, al menos si tenemos en cuenta los antecedentes. De hecho, Villarejo acaba de solicitar poder declarar de nuevo ante el juez del caso Tándem para desvelar supuestas actividades ilícitas de los servicios de inteligencia españoles y su director, el general Félix Sanz Roldán. Asistimos, por tanto, a la cuenta atrás de una supuesta bomba de relojería.
Sabemos, o intuimos, que la carrera del comisario Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 acusado de cohecho, organización criminal o blanqueo de capitales, debe estar próxima a su fin, pero resulta difícil trazar una cronología exacta y precisa de todas sus 'peripecias' (se necesitarían varios libros). Entre las grandes dificultades que encontramos aquellos que pretendemos llegar a las entrañas de este caso están la enorme confusión existente, las dificultades que reiteradamente anexan los gobiernos y la falta de voluntad de los medios de comunicación españoles por investigar cada recoveco del escándalo.
Es cierto que los grandes medios informan de ciertos detalles al respecto del caso, pero pareciera más que lo hacen porque no les queda más remedio que por verdadero interés por desvelar la totalidad de la trama. Pruebas de ello hay múltiples:
Para comprobar este extremo hagan el siguiente ejercicio: introduzcan en el buscador de Google "transmítele que ya está hablado y no habrá problema, María Teresa Fernández de la Vega". Esta es la frase con la que la exvicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, quiso tranquilizar al entonces presidente del Banco Santander sobre un juicio pendiente. Algo que no parece muy cercano a la separación de poderes que se espera del poder ejecutivo, sino más bien un comportamiento a todas luces mafioso. Especialmente, si se comprueba que el banquero español Emilio Botín obtuvo un evidente trato de favor en un caso en el que el Estado español sufrió un perjuicio de 2.400 millones de euros. Pues bien, en la búsqueda comprobarán que en las cinco primeras páginas no aparecen ni los dos grandes diarios (El País o El Mundo) ni las televisiones de ámbito nacional (Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro o TVE) y tan solo se puede encontrar una opinión relevante al respecto. Pero ¿por qué no desvelan enteramente el escándalo?
Quizás uno de los grandes motivos para esta opacidad revestida de apariencia informativa radica en la gran cantidad de pilares involucrados en el escándalo. Enumerarlos a día de hoy es tarea casi imposible: el rey Emérito Juan Carlos I y su amante, Corinna; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario López del Hierro; el director de los servicios de inteligencia, Félix Sánz Roldán; la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; los expresidentes más relevantes de los dos bancos españoles más importantes, Francisco González (BBVA) y Emilio Botín (BSCH); la actual ministra de Defensa, Margarita Robles;… Y lo transcrito deja en muy mal lugar a casi todos ellos.
Por si lo relatado no fuera suficientemente escalofriante, existe un mito que podría revelarse como certero, el 'archivo Jano'. Revelación que supondría, como en todas las buenas películas o series, un gran giro reservado para los últimos capítulos. 'Jano', de existir, podría ser el nombre que recibiría un archivo con un millón de fichas individuales sobre las personas más importantes de España en la que no solo se encontrarían datos personales y privados, sino también 'vicios'. Es decir, trapos sucios. Una bomba que de confirmarse podría demoler las pocas piedras que todavía quedan en pie en el Estado español.
Mientras se confirma la existencia del mitológico 'archivo Jano' y se materializan, o no, las últimas amenazas del comisario Villarejo, el comportamiento de la Justicia, los grandes medios de comunicación y el Gobierno no hacen otra cosa que alimentar las sospechas sobre la existencia de una gran cantidad de capítulos todavía por revelar. Mientras los medios de comunicación se esfuerzan por hacer desaparecer las noticias de las portadas y calmar las aguas, la justicia ha decidido suspender las comunicación del comisario con su mujer durante dos meses y el Gobierno ha respondido con un análisis de las escuchas.
De momento, no sabemos si este Gobierno, como ya hizo el anterior, estará haciendo movimientos entre bastidores para favorecer al 'fontanero' Villarejo, pues el Partido Popular mintió en el Congreso de los Diputados y protegió al excomisario, pero sí podemos intuir que la mafia organizada por Villarejo, pudiera ser que al servicio del Establishment español y la Monarquía, controlaba a políticos, jueces y periodistas. Y no parece que vayan a quedarse impertérritos.
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