El Gobierno de Brasil suspende por tres meses sus contratos con las ONGs

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil ha suspendido todos los convenios y alianzas con las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) durante los próximos tres meses, una medida considerada ilegal por parte de los afectados. 

Según el ministerio, el objetivo de esta decisión, tomada por el ministro, Ricardo Salles, es ver cuánto dinero se pagó a las ONGs el año pasado. El ministro también determinó que a partir de ahora todo lo que esté relacionado con las ONGs deberá pasar por su evaluación.

Salles también decidirá los convenios que mantendrán una continuidad con su cartera.

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Esos contratos y alianzas del Ministerio de Medio Ambiente con las ONGs son en áreas de recuperación forestal, gestión ambiental o de seguridad alimentaria en las comunidades indígenas.

Tras el anuncio, por la noche, en una entrevista con GloboNews, el ministro declaró que "no habrá ninguna suspensión unilateral deaquello que ya está en curso, para que no haya prejuicio para el medio ambiente". 

Además, Salles aseguró que no hay nada ilegal. "El deber de fiscalizar el poder público está siendo cumplido", señaló.

La semana pasada Salles aseguró que Brasil no se comprometerá con "nuevas metas" de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero junto a la ONU y defendió el desarrollo de "ciertas actividades económicas" en zonas de conservación.

Ya durante el primer día como presidente, Bolsonaro otorgó a la Secretaria de Gobierno la tarea de "supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional".

En campaña electoral, el exmilitar, que siempre ha denunciado un supuesto derroche económico de las administraciones anteriores, también amenazó con poner "un punto final en todos los activismos de Brasil" y bloquear a las ONGs la ayuda financiera del gobierno. 

Reacción de las ONGs

Para las organizaciones implicadas esta decisión es "ilegal" y puede causar "discontinuidad" en la gestión ambiental. En una nota, las ONGs aseguran que "sin elementos mínimos de pruebas, se duda sobre la idoneidad de la sociedad civil".

Además, subraya que la medida solo podría haber sido tomada tras la apertura de un proceso administrativo.