Gobierno de México imputa a seis exfuncionarios por desvío de 44 millones de dólares

Seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialidad y Urbano (Sedatu) de México son investigados por el Gobierno de aquel país por presuntos desvíos de 839.769 millones de pesos (44.096 millones de dólares), en el caso denominado "Estafa Maestra".

Asimismo, la Fiscalía General de México (FGR) informó que hay 64 funcionarios bajo investigación, mientras que seis de ellos ya fueron vinculados a proceso por cuatro expedientes en los que les imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que los seis exfuncionarios llevan sus procesos en libertad, debido a que los delitos que les atribuyen no ameritan la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio.

Asimismo, dio a conocer que del año 2015 a la fecha, la FGR ha iniciado tres averiguaciones previas contra siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 20 carpetas de investigación contra 57 presuntos implicados. Sin embargo, destacó, "la investigación de la 'Estafa Maestra' hasta el momento no ha sido satisfactoria, por eso he solicitado una explicación de cómo avanza, qué podemos esperar y para cuándo vamos a tener resultados".

La construcción de la estafa

Solo de 2013 a 2014, la investigación conocida como "Estafa maestra" detectó contratos ilegales por más de 430.000.000 de dólares, de los que se desconoce el paradero de más de 192.000.000; los desvíos habrían sido cometidos por 11 dependencias y ocho universidades.

Las instituciones implicadas son la Sedesol, la Sedatu, Pemex, Banco Nacional de Obras, las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como las de Comunicaciones y Transportes.

Entre las universidades que presuntamente se usaron como intermediarias figuran la Autónoma del Estado de México; la del Carmen, en el estado de Campeche; la Popular de la Chontalpa; la Politécnica del Golfo de México y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, en Tabasco.

Según la mecánica detectada, el Gobierno federal entregaba los recursos a las universidades y estas contrataban a terceros para supuestos servicios como supervisar la perforación de pozos petroleros u organizar eventos.

Dichos fondos fueron entregados a 186 empresas, 128 de las cuales presentan irregularidades (11 de ellas fueron declaradas como "fantasmas"), "presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado", según la investigación.