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Movimientos populares argentinos se movilizan para exigir una "paritaria social" que contemple la inflación

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Distintas organizaciones que nuclean a trabajadores de la llamada economía popular reclamarán al Gobierno por mejores condiciones laborales.
Movimientos populares argentinos se movilizan para exigir una "paritaria social" que contemple la inflación

Este miércoles un amplio espectro de movimientos populares marchan al Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires para exigir una "paritaria social". Según señalaron en un comunicado, apuntan a negociar un incremento de los distintos planes sociales que "contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas".

"La inflación que viven los sectores más pobres y humildes significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días", agregaron haciendo referencia a los incrementos de precios que, en 2018, superaron el 47% en promedio. Asimismo caracterizaron "que se vive una grave situación social y laboral" que debe ser "afrontada con políticas públicas".

En este sentido Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), expresó a este medio que exigen que se "eleve el poder adquisitivo por lo menos a la mitad del salario mínimo, vital y móvil y se acerque un poco a las cifras oficiales de una canasta básica de alrededor de 23.000 pesos (606 dólares)".

Entre las principales organizaciones convocantes figuran la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras.

Además, la jornada es replicada con movilizaciones y protestas en distintas provincias del país.

Un pliego de reivindicaciones

Como parte de un reclamo integral exigirán también al Estado que "interceda en la complicación de las familias de la economía popular para mantener la escolarización de sus hijos e hijas". Por lo que pedirán "kits escolares y elementos de estudio para que no avance la deserción en las escuelas", según detalla el comunicado mencionado anteriormente.

"También nos movilizamos para exigir una ayuda económica excepcional y de emergencia para las zonas del país que estuvieron inundadas durante casi todo el mes de enero", añadió Caropresi.

El referente del MTE dijo también que demandan "la plena implementación de una ley en la provincia de Buenos Aires que garantice el cupo laboral para compañeros y compañeros que han cumplido una condena en las cárceles del país". Si bien la ley ya está aprobada "tiene que terminar de reglamentarse".

Las leyes de la economía popular

Desde estos movimientos no sólo se ha apuntado a un reclamo meramente corporativo o reivindicativo, sino que se han impulsado varias leyes. A las de Emergencia Social y de Urbanización de los barrios populares (aprobadas en 2016 y 2018 respectivamente, pero todavía no implementadas o aplicadas a medias) se le suman la ley de Emergencia Alimentaria; la de Agricultura Familiar; la de Infraestructura Social; y la de Emergencia en Adicciones.

En ese sentido el secretario general de la CTEP, Esteban "Gringo" Castro explicó en rueda de prensa que existe "una situación muy compleja que está viviendo el sector de los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina y sus familias" debido a que "el Gobierno nacional ha tomado la decisión de profundizar un proceso de ajuste".

Por eso destacó que entre las leyes que quieren discutir, la de Emergencia Alimentaria es la más urgente ya que se trata de "el punto más problemático porque hoy hay miles y miles, en su mayoría compañeras, salvándole la vida a millones de chicos y chicas en Argentina a través de la organización popular con merenderos y comedores".

"La situación se está profundizando", completó Caropresi, que a su vez analizó que "cada vez es más difícil conseguir algún trabajo aunque sea temporal" o trabajar en la calle "porque la policía persigue a los trabajadores de la economía popular". Y cada vez "más compañeros se van cayendo del sistema debido a estas políticas privatistas y extranjerizantes que tienden a destruir cualquier nicho productivo y generador de empleo en nuestro país", concluyó.

Santiago Mayor

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